La Comisión propone acelerar la implantación de los pagos inmediatos en euros

La Comisión ha adoptado una propuesta legislativa para poner los pagos inmediatos en euros a disposición de todos los ciudadanos y empresas titulares de una cuenta bancaria en la UE y en los países del EEE. La propuesta tiene por objeto garantizar que los pagos inmediatos en euros sean asequibles y seguros y puedan tramitarse sin problemas en toda la UE.

Los pagos inmediatos permiten a las personas transferir dinero en cualquier momento de cualquier día en un plazo de diez segundos. Esto es mucho más rápido que las transferencias tradicionales, que los proveedores de servicios de pago reciben solo durante las horas de trabajo y solo llegan a la cuenta del beneficiario al día hábil siguiente, lo que puede equivaler a hasta tres días naturales. Los pagos inmediatos aumentan considerablemente la rapidez y la comodidad para los consumidores, por ejemplo, al pagar facturas o recibir transferencias urgentes (por ejemplo, en caso de urgencia médica). Además, contribuyen a mejorar en gran medida el flujo de caja y a ahorrar costes para las empresas, especialmente para las pymes, incluidos los comerciantes minoristas. Liberan dinero bloqueado actualmente en tránsito en el sistema financiero, la llamada «cartera de pagos», que puede utilizarse antes para consumo o inversión (casi 200 000 millones de euros quedan así bloqueados todos los días). Sin embargo, a principios de 2022, solo el 11 % de todas las transferencias en euros en la UE eran inmediatas. Esta propuesta tiene por objeto eliminar los obstáculos que impiden que los pagos inmediatos y sus beneficios se generalicen.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, ha declarado: «Los pagos inmediatos se están convirtiendo rápidamente en la norma en muchos países. También deben estar a la disposición de todos en Europa, de modo que mantengamos nuestra competitividad a escala mundial y aprovechemos al máximo las oportunidades de innovación que ofrece la era digital. Las personas salen ganando con más posibilidades de elección y comodidad, y las empresas obtienen un mejor control de su flujo de caja y reducen los costes operativos. La propuesta presentada reforzará nuestra economía, la hará más eficiente y contribuirá a su crecimiento».

Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, ha comentado: «Pasar de las transferencias “al día siguiente” a las transferencias “en diez segundos” es revolucionario y se puede comparar al paso del correo postal al correo electrónico. Sin embargo, en la actualidad, casi nueve de cada diez transferencias en euros siguen tramitándose como transferencias “lentas” tradicionales. No hay ninguna razón por la que muchos ciudadanos y empresas de la UE no puedan enviar y recibir dinero inmediatamente, ya que la tecnología de pagos inmediatos existe desde 2017. Este mecanismo para enviar y recibir dinero en segundos es especialmente importante en un momento en el que las facturas para los hogares y las pymes están subiendo y cada céntimo cuenta. Esta iniciativa redundará directamente en beneficio de los ciudadanos y las empresas de la UE».

La propuesta, que modifica y moderniza el Reglamento de 2012 sobre el Reglamento único de pagos en euros (SEPA), consta de cuatro requisitos relativos a los pagos inmediatos en euros:

  • Disponibilidad universal de los pagos instantáneos en euros, con la obligación de que los proveedores de servicios de pago de la UE que ya ofrecen transferencias en euros ofrezcan también su versión inmediata en un plazo determinado.
  • Asequibilidad de los pagos inmediatos en euros, con la obligación de que los proveedores de servicios de pago garanticen que el precio cobrado por los pagos inmediatos en euros no supere el precio cobrado por las transferencias tradicionales no inmediatas en euros.
  • Mayor confianza en los pagos inmediatos, con la obligación de que los proveedores verifiquen la correspondencia entre el número de cuenta bancaria (IBAN) y el nombre del beneficiario facilitado por el ordenante para advertir al ordenante de un posible error o fraude antes de que se efectúe el pago.
  • Eliminación de obstáculos en el tratamiento de los pagos inmediatos en euros, preservando al mismo tiempo la eficacia del control de las personas sujetas a sanciones de la UE, mediante un procedimiento por el que los proveedores de servicios de pago cotejarán al menos diariamente a sus clientes con las listas de sanciones de la UE, en lugar de examinar todas las operaciones una por una.

Esta propuesta apoyará la innovación y la competencia en el mercado de pagos de la UE, de plena conformidad con las normas vigentes en materia de sanciones y lucha contra la delincuencia financiera. También contribuirá a los objetivos más amplios de la Comisión en materia de digitalización y autonomía estratégica abierta. Esta iniciativa se ajusta a la prioridad de la Comisión de ofrecer una economía al servicio de las personas y crear un entorno de inversión más atractivo.

Contexto

La disponibilidad de pagos inmediatos y las posibles tasas conexas varían considerablemente de un Estado miembro a otro, lo que dificulta la implantación de las transferencias inmediatas en el mercado único. Por lo tanto, es necesaria una intervención legislativa para ampliar los pagos inmediatos en euros en toda la UE y que los ciudadanos y las empresas de la UE, especialmente las pymes, disfruten de las ventajas de esos pagos. Las pymes también saldrán ganando con la mejora del flujo de caja y un mayor surtido de medios de pago.

La propuesta presentada cumple un compromiso clave de la Estrategia de pagos minoristas de la Comisión de 2020, cuyo objetivo era la plena aceptación de los pagos inmediatos en la UE. Adopta la forma de una modificación del Reglamento de 2012 sobre una zona única de pagos en euros, que ya contiene disposiciones generales sobre todas las transferencias en euros (SEPA), añadiendo disposiciones específicas sobre los pagos inmediatos en euros (SEPA). La propuesta contempla plazos de aplicación escalonados, diferenciados para los distintos elementos de la iniciativa y entre los Estados miembros de la zona del euro y los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, a fin de facilitar un plazo de ejecución adecuado y plena proporcionalidad.

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