La Comisión lleva a España ante el TJUE por tres incumplimientos del Derecho de la UE

La Comisión Europea ha decidido remitir a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en tres procedimientos de infracción distintos por incumplimientos del Derecho de la Unión. Los expedientes afectan al reconocimiento de cualificaciones profesionales, la transposición de la Directiva sobre ciberseguridad (NIS2) y la incorporación de las nuevas normas bancarias sobre el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL).

1. Reconocimiento de cualificaciones profesionales

La Comisión ha decidido llevar a España ante el TJUE por no adaptar plenamente su normativa a la Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales y a los artículos 45 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Según la Comisión, la legislación española no garantiza el reconocimiento de las cualificaciones de traductores e intérpretes jurados plenamente cualificados en otros Estados miembros que desean establecerse de forma permanente en España o prestar servicios de manera temporal. Pese al envío de una carta de emplazamiento y de un dictamen motivado, España no ha introducido las modificaciones necesarias, por lo que el Ejecutivo comunitario ha decidido remitir el asunto al Tribunal de Justicia.

La Directiva sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales facilita la libre circulación de profesionales dentro de la Unión Europea mediante sistemas de reconocimiento automático para determinadas profesiones armonizadas y un sistema general para el resto de profesiones reguladas.

2. Incumplimiento de la transposición de la Directiva NIS2 sobre ciberseguridad

La Comisión también ha remitido a España, junto con Irlanda, Francia y los Países Bajos, al TJUE por no haber comunicado la transposición completa de la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2) relativa a la seguridad de las redes y los sistemas de información.

La Directiva establece requisitos reforzados de ciberseguridad para entidades que operan en 18 sectores críticos, entre ellos la sanidad, la energía, el transporte y las administraciones públicas, con el objetivo de reforzar la resiliencia y la capacidad de respuesta frente a incidentes de ciberseguridad.

El plazo de transposición finalizó el 17 de octubre de 2024. Tras enviar cartas de emplazamiento en noviembre de 2024 y dictámenes motivados en mayo de 2025, la Comisión solicita ahora al Tribunal la imposición de sanciones económicas consistentes en una cantidad a tanto alzado y multas coercitivas diarias hasta que se notifique la transposición completa.

3. Falta de transposición de las nuevas normas bancarias sobre MREL

Por último, la Comisión ha decidido llevar a España ante el TJUE por no haber transpuesto la Directiva (UE) 2024/1174, que modifica determinados aspectos del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) aplicable a bancos y otras entidades financieras.

La norma debía incorporarse al ordenamiento jurídico nacional antes del 13 de noviembre de 2024. Según la Comisión, España es el único Estado miembro que todavía no ha notificado la transposición completa. Tras la carta de emplazamiento remitida en enero de 2025 y el dictamen motivado de julio de 2025, el Ejecutivo europeo considera insuficientes los avances realizados y solicita igualmente la imposición de sanciones financieras.

La Comisión señala que la ausencia de transposición mantiene un tratamiento regulatorio desigual entre las entidades establecidas en España y las del resto de Estados miembros, pudiendo generar mayores costes de financiación para los grupos bancarios españoles y privando a determinadas entidades de las simplificaciones previstas por la nueva normativa.


Fuente: Commission decides to refer Spain to the Court of Justice of the European Union; Commission refers Ireland, Spain, France and the Netherlands to the Court of Justice; & Commission decides to refer Spain to the Court of Justice

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