El CESE y UGT reúnen en Madrid a autoridades e interlocutores sociales para evaluar los fondos de cohesión

La sede del Consejo Económico y Social de España (CES) fue el escenario de una importante evento organizado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y UGT bajo el título “Ex-post evaluation of the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund 2014-2020”. Este encuentro forma parte del proceso de elaboración de un dictamen destinado a evaluar el impacto y la eficacia de estos fondos en los Estados miembros, destacando tanto logros como deficiencias.

El evento, liderado por Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Europeas de UGT y ponente del dictamen del CESE, reunió a actores clave en tres mesas sectoriales:

  1. Reunión con autoridades públicas: Representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública analizaron el impacto de los fondos en el desarrollo regional en España, abordando desafíos técnicos y administrativos durante el periodo 2014-2020.
  2. Reunión con interlocutores sociales: Las y los intervinientes han incidido en el impacto positivo de los fondos a nivel macroeconómico, pero que su impacto local es más difuso. Además, se subrayó la necesidad de mejorar la participación de los interlocutores sociales en el diseño, ejecución y evaluación de estos fondos, para garantizar que los recursos lleguen de manera más efectiva.
  3. Reunión con ONGs y beneficiarios: Las entidades participantes expusieron casos concretos de impacto positivo, pero también señalaron que los fondos a menudo no llegan a las comunidades más vulnerables de forma efectiva.

Este evento evidenció que, si bien los fondos de cohesión son un instrumento clave para el desarrollo regional, aún queda mucho por hacer para que sean realmente inclusivos y eficaces, con una reivindicación para una mayor transparencia y una gestión más equitativa de estos recursos, priorizando las necesidades reales de los territorios y las personas trabajadoras.

El encuentro ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio en la gobernanza de los fondos europeos, donde la voz de los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada sea escuchada y valorada, no solo en el análisis ex-post, sino también en el diseño y la planificación futura. Sin estos ajustes, el objetivo de reducir las desigualdades sociales y territoriales seguirá siendo una tarea pendiente.

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