Informe Comisión Europea «Nuevas medidas de adecuación salarial»

La Comisión Europea ha publicado el informe “Nuevas medidas de adecuación salarial”, que presenta un conjunto innovador de indicadores para medir la adecuación relativa de los salarios en la Unión Europea. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en umbrales absolutos -como el del “salario digno”-, este estudio propone una visión multidimensional y comparativa de la desigualdad salarial, analizando cómo factores económicos, institucionales y sociales inciden en la equidad retributiva.

El informe, elaborado para la Comisión en 2025, supone un avance importante en la comprensión de la justicia salarial en Europa y ofrece herramientas útiles para orientar políticas públicas y acción sindical en materia de salarios, negociación colectiva y cohesión social.

Entre los principales hallazgos del informe se encuentran los siguientes:

• Un enfoque renovado sobre la “adecuación salarial”: No define un salario “adecuado” en términos absolutos, sino que analiza la distribución relativa de los salarios mediante indicadores comparables entre países.
• Desigualdades generales en la distribución de salarios:
  • Las ratios decílicas (D9/D1, D9/D5) reflejan amplias disparidades: Bulgaria, Portugal, Letonia y Chipre presentan las mayores desigualdades, mientras Eslovaquia, Grecia y República Checa muestran estructuras más equilibradas.
  • El Índice de Palma confirma que las diferencias se concentran en los extremos, siendo mayor la desigualdad en los ingresos anuales que en los horarios.
  • La proporción de personas trabajadoras con bajos salarios oscila entre el 8,8 % en Grecia y el 27 % en Bulgaria, afectando especialmente a mujeres y personas migrantes extracomunitarias.
• Nuevos indicadores sobre persistencia y condiciones de vida:
  • La persistencia en empleos de bajos salarios es elevada en países como Letonia, Estonia y Hungría.
  • La adecuación salarial frente a los costes de vivienda muestra que, una vez descontados estos gastos, la desigualdad aumenta drásticamente, evidenciando la carga que supone la vivienda para los hogares con rentas bajas.
• Desigualdades estructurales por características de las personas trabajadoras:
  • La brecha salarial de género sigue presente en toda la UE, del 4 % (Portugal, Italia) al 23 % (Chipre), con parte explicada por la segregación ocupacional.
  • Las personas migrantes extracomunitarios sufren brechas salariales persistentes superiores al 25 %, incluso ajustando por educación o sector.
  • La educación mantiene una prima salarial más alta en Europa del Este y más baja en los países nórdicos, reflejando diferencias productivas y en negociación colectiva.
• Participación del trabajo en la renta nacional: Se observan tendencias divergentes: aumenta en algunos países del Este (Letonia, Bulgaria) y disminuye en otros (Irlanda, Croacia), sin relación directa con la desigualdad salarial, lo que resalta la relevancia de los marcos institucionales y de negociación.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores valoramos positivamente este estudio por su contribución a una comprensión más completa de la adecuación y equidad salarial en Europa. Sin embargo, sus resultados evidencian la persistencia de desigualdades estructurales que requieren medidas firmes por parte de gobiernos, instituciones europeas e interlocutores sociales.

Por ello, desde UGT consideramos fundamental:

• Reforzar la negociación colectiva como instrumento esencial para garantizar salarios adecuados y reducir la dispersión salarial.
• Fortalecer los salarios mínimos -nacionales y europeo- vinculándolos al salario medio y al coste de la vida.
• Combatir las brechas de género y origen migrante, garantizando transparencia retributiva y control sindical sobre las políticas de igualdad.
• Reconocer el impacto del coste de la vivienda en la capacidad adquisitiva, integrándolo en las políticas salariales y de bienestar.
• Promover un marco europeo de salarios adecuados, basado en criterios comparables y respeto a la autonomía colectiva.
• Asegurar la participación sindical en el diseño de políticas salariales ante la digitalización y la transición ecológica, evitando nuevas desigualdades.