La Comisión propone unas normas de contratación pública más sencillas y estratégicas
Hoy, la Comisión Europea ha adoptado una propuesta de nuevo Reglamento destinado a modernizar y simplificar el marco de la contratación pública de la UE con el fin de fomentar inversiones eficaces en servicios públicos e infraestructuras, en consonancia con los objetivos políticos de la Unión.
Basándose en amplias consultas con los compradores públicos, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil, la Comisión propone una reforma ambiciosa para que la contratación pública sea más sencilla, más flexible y más eficaz. Contribuirá a completar el mercado único de la contratación pública, que representa alrededor del 15 % del PIB de la UE.
La contratación pública es fundamental tanto para la economía europea como para la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que abarca desde el transporte, las infraestructuras y los sistemas energéticos hasta las escuelas y los servicios sanitarios. Se espera que la propuesta genere un importante ahorro administrativo anual de 650 millones de euros, gracias a una reducción de la carga administrativa de 80 millones de euros para los compradores públicos y de 570 millones de euros para los operadores económicos.
El Reglamento de contratación pública propuesto se basa en los puntos fuertes del mercado único en cuatro aspectos clave.
Normas más sencillas y claras
La propuesta de Reglamento sobre contratación pública simplifica y aclara las normas al consolidar en un único Reglamento de aplicación directa las tres directivas vigentes en materia de contratación pública y las disposiciones sobre contratación que actualmente se encuentran dispersas en la legislación sectorial específica. Esto creará un marco de contratación más coherente y predecible, reduciendo la complejidad, la carga administrativa y las incoherencias en la aplicación de las normas, con tres procedimientos en lugar de los cinco actuales. Reducirá la complejidad y las incoherencias derivadas de actos legislativos separados y de opciones nacionales divergentes en materia de transposición.
El nuevo marco otorga a los compradores públicos una mayor flexibilidad, permitiendo las negociaciones con el licitador durante los procedimientos. Fomenta una mejor consulta al mercado, simplifica los procedimientos administrativos y permite las negociaciones, lo que hace que la contratación pública se asemeje más a la contratación privada. También introduce un procedimiento de innovación para el desarrollo y la adquisición de soluciones innovadoras que aún no están disponibles en el mercado.
Una única plataforma para todas las contrataciones públicas en la UE
La clave para la simplificación y la reducción de la carga administrativa es la creación de un mercado digital integrado de contratación pública compuesto por plataformas de contratación electrónica de los Estados miembros interconectadas e interoperables.
El mercado digital simplificará y facilitará la contratación pública para los compradores públicos (por ejemplo, mediante la verificación automática de los criterios de exclusión). Permitirá a las empresas participar en procedimientos de contratación y presentar ofertas en toda la UE a través de cualquiera de las plataformas de contratación electrónica conectadas, aplicando el principio de «una sola vez», lo que evitará solicitudes repetidas de información y requisitos de documentación. Esto fomentará el acceso a nuevas oportunidades de negocio y aumentará el número de ofertas que reciben los compradores públicos, maximizando el potencial del mercado único.
Además, el mercado digital agilizará los intercambios de datos entre los sistemas de contratación pública electrónica de los Estados miembros mediante la creación de un marco unificado para la gestión de datos, reforzando así la transparencia, la rendición de cuentas y las capacidades de lucha contra el fraude.
Mayor apoyo a los objetivos medioambientales, sociales y de innovación
La propuesta establece la «mejor relación calidad-precio» (BPQR) como método de adjudicación estándar, en el que los criterios de calidad representarán al menos el 30 % (el 50 % en el caso de los contratos con gran intensidad de mano de obra), sujeto a un mecanismo de «cumplir o explicar». Los poderes adjudicadores podrán apartarse de este enfoque si explican cómo se garantizará la calidad de otro modo, por ejemplo, mediante requisitos mínimos de calidad.
De este modo, los compradores públicos tendrán que tener en cuenta de forma sistemática no solo el precio, sino también la calidad, incluyendo aspectos medioambientales, sociales, de innovación, de seguridad y resiliencia, así como consideraciones de «preferencia europea». Los compradores públicos tendrán plena discrecionalidad para decidir qué criterios de calidad aplicar y en qué proporción en cada procedimiento de contratación, y la propuesta ofrece herramientas prácticas para ayudarles en esta tarea.
Mayor seguridad, resiliencia y autonomía estratégica
En consonancia con las recomendaciones del informe Draghi, la propuesta refleja la creciente importancia geopolítica de la contratación pública. Permite, y en algunos casos exige, que los compradores públicos aborden los riesgos relacionados con la seguridad y la seguridad pública de la Unión o de los Estados miembros, la información sensible, la ciberseguridad y la influencia indebida de terceros países.
Las nuevas disposiciones sobre resiliencia y seguridad del suministro se aplicarían a los contratos en los que participen entidades vinculadas a infraestructuras críticas y tienen por objeto apoyar la diversificación de las cadenas de suministro, la seguridad del suministro y la preparación ante crisis.
Por último, el Reglamento introduce un marco horizontal de preferencia europea para la contratación pública, en consonancia con las obligaciones jurídicas internacionales de la Unión. Aclara qué operadores y productos están cubiertos por los compromisos internacionales de la Unión en materia de contratación pública y facilita su verificación. La Comisión podría restringir dicha cobertura cuando un análisis de acceso al mercado establezca que un tercer país no ha concedido a los operadores de la Unión un acceso justo al mercado de conformidad con sus compromisos, o cuando sean necesarias restricciones para evitar dependencias en materia de seguridad del suministro o para proteger nuestros intereses de seguridad económica.
Próximos pasos
El Reglamento propuesto será negociado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor.
Antecedentes
La revisión se anunció en las Orientaciones Políticas de la presidenta von der Leyen.
Responde a deficiencias de larga data identificadas por el Tribunal de Cuentas Europeo, entre las que se incluyen la disminución de la competencia, la limitada participación de las pymes y en los contratos transfronterizos, y el aumento de los procedimientos con una única oferta. También atiende a las peticiones del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo de un marco estratégico, simplificado y competitivo.
Asimismo, responde a las recomendaciones de los informes Draghi y Letta, que destacan la contratación pública como herramienta estratégica para fortalecer la base industrial de Europa, apoyar la innovación, impulsar las transiciones ecológica y digital, y reforzar la seguridad económica.
Citas
Europa gasta cada año cientos de miles de millones de euros en contratación pública. Este dinero debe rendir más para Europa. Con esta reforma, reducimos la burocracia, damos más flexibilidad a los compradores públicos y facilitamos que nuestras pymes compitan en todo el Mercado Único. Además, estamos tomando una decisión política clara: el dinero público europeo debe, siempre que sea posible, crear empleo, inversión y oportunidades en Europa, en lugar de llenar las carteras de pedidos de nuestros competidores.
Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial
Fuente: Commission proposes simpler and more strategic Public Procurement rules