El «ómnibus» a ninguna parte: el silencioso desmantelamiento de la gobernanza europea
Una sola palabra clave —«ómnibus»— impulsa ahora la reforma legislativa más ambiciosa de la historia de la Unión Europea.
Un reciente anuncio de la Comisión Europea pasó casi desapercibido. El 16 de abril, envió su programa legislativo para los próximos dos años a los 27 Estados miembros y al Parlamento Europeo. Una palabra clave sirvió tanto de lema como de consigna: «desregulación», junto con un nombre en clave: Omnibus. Detrás de ello se esconde una larga serie de proyectos de directiva en los que la Comisión lleva trabajando, desde hace ya más de un año, para «desregular»: es decir, para reescribir las leyes europeas ámbito por ámbito —inteligencia artificial, productos químicos, agricultura, el ámbito digital— siempre en una dirección favorable a las empresas y en nombre de la lucha por la competitividad europea.
Desde la histórica votación del Parlamento Europeo del 13 de noviembre de 2025 sobre el «Ómnibus 1» —la directiva que desmanteló las obligaciones del «deber de diligencia» de las grandes empresas, adoptadas apenas diez meses antes—, ha quedado claro que esta agenda desreguladora puede contar con una mayoría sin precedentes. Los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) aprovecharon esa misma ocasión para romper el cordón sanitario contra los grupos de extrema derecha en la cámara. Lo que ahora está igualmente claro es que la brecha que abrieron se ha convertido en una preocupación central de las instituciones europeas, con nada menos que siete directivas «Ómnibus» previstas para 2026 y dos más ya en proyecto para 2027.
El asunto dista mucho de ser trivial. Esta reescritura de bloques enteros del acervo legislativo europeo no tiene precedentes en cuanto a su escala y equivale nada menos que a un reajuste radical de los equilibrios que rigen las normas de protección medioambiental, las garantías de salud pública, la salvaguarda de los derechos humanos —incluidos los datos personales— y los requisitos de transparencia financiera.
Es aún menos trivial porque estas leyes, en su mayor parte, se adoptaron hace solo unos meses y, en primer lugar, solo pudieron promulgarse tras largos procesos deliberativos que forjaron compromisos políticos y sociales de considerable complejidad. La campaña desreguladora, por el contrario, da todas las señales de llevarse a cabo a marchas forzadas: la mitad de toda la labor legislativa europea de aquí a finales de año se le dedica. Se basa en el secuestro de un instrumento jurídico que hasta ahora solo servía para una simple «puesta al día» técnica, sin cambios de fondo, y se apoya en procedimientos acelerados que permiten que el trabajo avance en modo de emergencia —sin consultar a las «partes interesadas» y sin evaluaciones de impacto—.
Al hacerlo —al volver a abrir la caja de Pandora de decenas de leyes europeas—, la Comisión ha desencadenado una campaña sin precedentes de presión económica y diplomática. Lo que está en juego, en última instancia, es la capacidad de la Unión Europea (UE) para actuar como autoridad pública: su capacidad para actuar como garante de los intereses diversos —sociales, sanitarios, medioambientales y relacionados con los derechos humanos— que constituyen los cimientos de una democracia.
¿Cómo es posible, entonces, que una Unión Europea que en su día se enorgullecía del «efecto Bruselas» —su capacidad para establecer normas reguladoras exigentes, respaldadas por su control sobre el acceso al mayor mercado único del mundo— se haya convencido a sí misma, en menos de tres años, de lo contrario? ¿Cómo es posible que las instituciones del llamado «triángulo europeo» —el Parlamento, el Consejo y la Comisión, pasar, en el espacio de unos pocos años, de la vasta ambición legislativa del Pacto Verde Europeo —diseñado para encauzar a Europa hacia una economía descarbonizada y dispuesto a imponer al menos modestas restricciones a las multinacionales digitales— a un proyecto desregulador en expansión que ahora consume la mayor parte de su energía política y jurídica en desmantelar lo que habían construido con tanta paciencia y de forma gradual? Paralizados por los ataques y las maniobras de acaparamiento de poder de la Administración Trump contra la UE, tardamos en darnos cuenta de este nuevo consenso de Bruselas a medida que se consolidaba ante nuestros ojos —y que ahora se erige como la normalidad europea.
Lo más llamativo aquí no es el fondo. La idea de que Europa regula en exceso, de que abusa de las normas, de que multiplica la burocracia, es tan antigua como el propio Derecho europeo; los clichés habituales difundidos por el bando euroescéptico, con los partidarios del Brexit a la cabeza («reducir la burocracia»), hace tiempo que están más que manidos.
El argumento simplemente se ha enriquecido con un nuevo silogismo —cuya fragilidad, tanto en sus premisas como en su conclusión, han señalado muchos economistas, incluido Gabriel Zucman tan recientemente como el año pasado—: si la regulación «sofoca la competitividad» y Europa tiene un problema de competitividad, entonces la desregulación, por sí sola, restablecerá el crecimiento, sostenible o no. También se ha adornado con un conjunto asombroso de cifras, que prometen —en el registro grandilocuente característico de la Comisión— reducir «la carga administrativa de las empresas en un 25 % para el final de este mandato» y, de ese modo, generar «37 500 millones de euros de ahorro para las empresas», sin que nadie sepa muy bien mediante qué fórmula secreta esta desregulación radical generaría, por sí sola, tales beneficios.
Lo que resulta verdaderamente llamativo es que este conjunto de ideas, bastante rudimentario, haya adquirido, en cuestión de meses, tal respetabilidad política que se ha convertido en la base misma de un nuevo consenso de Bruselas —uno que une intereses que, a primera vista, parecen de lo más divergentes. En primer lugar están los partidos y gobiernos de extrema derecha que, desde Giorgia Meloni hasta el ahora caído Viktor Orbán, vieron en la agenda de «desmantelamiento» una oportunidad única para socavar la legitimidad de la UE para regular. Luego, los conservadores del PPE, que encontraron en ella una oportunidad para poner a prueba una mayoría de derecha/extrema derecha y así establecer su hegemonía política.
Aún más preocupante es que el consenso va mucho más allá del rápido giro hacia la derecha de la política europea. También lo impulsa una amplia coalición de empresas industriales europeas que se oponen a las crecientes obligaciones ecológicas del Pacto Verde, y las principales plataformas digitales estadounidenses, que pueden así poner punto final a un capítulo legislativo —desde la Ley de Servicios Digitales hasta la Ley de IA— que en general les ha sido desfavorable. Todos estos actores cuentan ahora, además, con el respaldo de la administración Trump, cuya ideología e intereses comerciales se alinean plenamente con este proyecto de debilitar la autoridad pública europea.
Aún está por escribirse la historia completa de cómo se formó este nuevo consenso de Bruselas. Pero ya se pueden identificar tres hitos en este proceso de convergencia intelectual e institucional.
Consideremos, en primer lugar, las vías rápidas que este impulso desregulador encontró en el corazón del campo de poder europeo. Sus orígenes se remontan a 2023 y principios de 2024 —mucho antes de las elecciones europeas de junio de 2024— en los primeros reveses parlamentarios del Pacto Verde, sobre la deforestación y la precipitada reforma de la Política Agrícola Común, y en las primeras convergencias entre la derecha y la extrema derecha con el telón de fondo de las protestas de agricultores en toda Europa. La contramobilización también se desarrolló más allá de la arena parlamentaria. En febrero de 2024, 73 líderes empresariales europeos, convocados por iniciativa de la industria química, se reunieron en presencia del presidente de la Comisión. La Declaración de Amberes «por un pacto industrial europeo» que siguió trazó una línea directa y unidireccional entre la restauración de la competitividad europea y la desregulación, reclamando una «propuesta ómnibus» —con lo que el término entra en el léxico— que «tendría como objetivo adoptar medidas correctivas sobre todas las normativas europeas pertinentes existentes, como primer acto legislativo que se presentaría en el próximo ciclo institucional de la UE».
Seis meses después, el camino hacia el corazón del poder administrativo europeo pasaba por el punto de referencia «Draghi» —llamado así por Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, cuyo informe de septiembre de 2024 sobre la competitividad europea, elaborado tras una consulta en la que participaron casi exclusivamente partes interesadas del lado de los empleadores, se convirtió rápidamente en un punto de referencia en el debate político europeo y se hizo eco del mismo diagnóstico. Al final, fue Viktor Orbán quien aseguró el anclaje definitivo del nuevo programa de reformas en el centro del poder institucional europeo, aprovechando la presidencia húngara de la UE y la cumbre de Budapest de jefes de Estado y de Gobierno de noviembre de 2024, al término de la cual la Comisión recibió un amplio mandato desregulador. Lo hizo con el apoyo activo de una Giorgia Meloni comprometida desde hacía tiempo con la reescritura de las normas sobre emisiones de carbono para la industria automovilística —y dejando convenientemente de lado, por el camino, una vertiente muy diferente del informe Draghi, que había pedido un aumento masivo de la inversión pública europea y planteado la posibilidad de nuevos empréstitos conjuntos.
El drama quedó prácticamente sellado cuando la desregulación se convirtió en el primer punto de la «brújula de la competitividad» que Ursula von der Leyen presentó a finales de enero de 2025, subrayando que «la carga regulatoria se ha convertido en un freno para la competitividad de Europa». Todo lo que quedaba entonces era el ingenio característico de los expertos jurídicos de la administración europea, que dieron los últimos retoques al diseño reinventando una técnica para poner en práctica el entusiasmo desregulador: las directivas «ómnibus», nacidas a principios de la década de 2010 para la simple gestión técnica de la legislación europea, se convierten aquí en la palanca estratégica para una reescritura proempresarial del acervo legislativo.
Un segundo hito reside en las disfunciones que este gran giro y esta vía rápida hacia el centro del poder han puesto al descubierto —disfunciones que equivalen a una profunda crisis en los tres equilibrios regulatorios de la UE.
La primera es una crisis diplomática dentro de la asociación franco-alemana, que, desde la salida de Angela Merkel, parece carecer de rumbo o de proyecto —cuando no se ha sumado, en desorden, a la carrera por deshacer lo construido. El segundo es una crisis política en el duopolio de «socialdemócratas y conservadores del PPE» que durante mucho tiempo dominó las instituciones europeas y que ahora se está desmoronando, a medida que los Socialistas y Demócratas (S&D) se debilitan cada vez más visiblemente en el Parlamento (las elecciones de junio de 2024), en el Colegio de Comisarios (cuatro S&D de 27, frente a 12 del PPE), y en el Consejo de la UE (un único gobierno socialdemócrata). Ese declive, a su vez, alimenta la tentación hegemónica de un PPE que ahora recurre a los grupos de extrema derecha del Parlamento para afirmar su centralidad.
La tercera es una crisis geopolítica nacida de los ataques, a la vez ideológicos y comerciales, de la Administración Trump contra una Unión Europea a la que se empeña en desestabilizar —ya sea alineando su política con la de las corporaciones estadounidenses (en marzo de 2025, Donald Trump prohibió a las empresas estadounidenses aplicar la directiva europea sobre el deber de diligencia) o imponiendo sus puntos de vista a la Comisión en el marco de las «negociaciones» comerciales. Y lo hace con un objetivo claro: la apertura de nuevos frentes «ómnibus» a lo largo de 2025 —empezando por el «ómnibus digital», destinado a reescribir las normas digitales apenas adoptadas en 2024— es inseparable de la movilización masiva de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, muy activas desde hace tiempo en el lobbying en Bruselas, ya sea directamente o a través de organismos patronales como DigitalEurope. A ello hay que añadir las intervenciones directas de la Administración estadounidense, a través de sus representantes diplomáticos en Bruselas, que reclaman la suspensión de la aplicación de la Ley de IA.
Un tercer hito, por último, recae en los poderosos de Bruselas y otros intermediarios que han construido esta convergencia de intereses, la han mantenido unida y la han traducido en consignas y movilizaciones concretas. En este sentido, la labor de investigación de ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) y think tanks europeos —Bloom, Corporate Europe Observatory, Somo— resulta decisiva, ya que abre una ventana al intenso trabajo político que se está llevando a cabo en toda Europa y América, tanto en la esfera pública como en la privada, por parte de los liberales, conservadores y actores de extrema derecha que conforman esta coalición desreguladora.
La investigación llevada a cabo por la ONG Somo ha arrojado luz sobre el papel de consultores y grupos de presión, entre los que destaca la empresa estadounidense Teneo, que creó una «Mesa Redonda sobre Competitividad» que reunía a la industria petrolera estadounidense y europea —Chevron, ExxonMobil, Koch Inc. y TotalEnergies— para una ofensiva total contra la directiva sobre el deber de diligencia. Bloom, por su parte, ha puesto de relieve el papel clave de intermediarios transatlánticos como el eurodiputado sueco ultraliberal Jörgen Warborn, elegido por el PPE como ponente de la Directiva Ómnibus que reescribe el deber de diligencia. Como portavoz del PPE en materia de comercio, Warborn demuestra ser un auténtico intermediario económico que opera a ambos lados del Atlántico —al frente del grupo de interés empresarial SME Global and Europe— y un emprendedor político que forja estrechos vínculos con el mundo de los ultraconservadores estadounidenses y los aliados de Trump, como la Heritage Foundation. Estas figuras son los nodos de una red político-económica transnacional cuya densidad no ha hecho más que crecer con el acceso que ha abierto el ascenso al poder de Trump.
Todo apunta hoy a que estas nuevas alianzas y equilibrios de poder, puestos a prueba en 2025 en torno a la Directiva Ómnibus que desmanteló la legislación sobre el deber de diligencia, se han consolidado desde entonces. Basta con ver la movilización empresarial que ha surgido a raíz de esta brecha: a través de su grupo de presión BusinessEurope, ahora propone continuar este movimiento de «reducción de la carga regulatoria» con 44 recortes en nueve ámbitos —protección del medio ambiente, empleo y política social, energía y servicios financieros— además de propuestas similares presentadas un año antes. Fíjense también en el perfil de la eurodiputada que el PPE eligió en febrero como ponente para el Ómnibus Digital: la finlandesa Aura Salla, nada menos que la antigua jefa de lobby de Meta en Bruselas, de 2020 a 2023.
Lo que nos espera es una batalla de presión sin precedentes: sobre las prórrogas de los plazos (directivas «stop-the-clock»), la proliferación de exenciones, el aumento de los umbrales de tamaño de las empresas afectadas y la dilución de la obligación legal hasta convertirla en mera «soft law». La dirección es clara: vaciar estas complejas directivas de gran parte de su fuerza vinculante y su efecto práctico. El riesgo, por supuesto, es que, una vez abierta la caja de Pandora, se genere una inestabilidad normativa sin fin, que inevitablemente lastrará la competitividad de las empresas obligadas a adaptarse continuamente a un marco cambiante —y que penaliza a los «alumnos modelo» que se habían esforzado por ajustar sus negocios a la dinámica puesta en marcha en París en torno a la COP21.
Y el riesgo más profundo es que Europa pierda, por el camino, toda su capacidad para actuar como autoridad pública —haciendo realidad, con mucha más probabilidad, el viejo sueño euroescéptico de una Europa reducida a nada más que un mercado.
Fuente: https://www.socialeurope.eu/omnibus-to-nowhere-the-quiet-dismantling-of-european-governance