El Consejo de Europa alerta de las desigualdades en vivienda y acceso a salud en España

La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, ha publicado el informe sobre su visita a España realizada en noviembre de 2022, con recomendaciones sobre los derechos sociales, en particular el derecho a la vivienda y el derecho a la salud, las libertades de expresión y reunión y los derechos humanos de los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes.

«A pesar de los importantes esfuerzos para avanzar en la protección de los derechos sociales en los últimos años, las personas experimentan desigualdades persistentes en la realización de sus derechos sociales en función del lugar en el que vivan «, afirma la Comisaria, pidiendo la asignación transparente y sostenible de los recursos y la adopción de normas comunes, en estrecha cooperación con todas las autoridades competentes a nivel central y local y en consulta con la sociedad civil, para garantizar que se satisfagan las necesidades específicas de los más vulnerables.

Subraya la necesidad de abordar urgentemente los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el escaso parque de viviendas sociales, los elevados costes del alquiler o la compra de una vivienda, los desahucios forzosos y los crecientes niveles de personas sin hogar. «La vivienda no debe tratarse como una mercancía sólo al alcance de algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos», afirma la Comisaria. La Comisaria subraya la importancia de aprobar cuanto antes el proyecto de ley de vivienda, actualmente en trámite parlamentario, ya que pretende abordar algunas de estas preocupaciones.

La Comisaria también subraya las diferencias regionales en la prestación de asistencia sanitaria primaria y especializada y el predominio de las clínicas privadas en algunas regiones. «Hay que hacer más para reforzar el acceso universal a una asistencia sanitaria pública de calidad para todos en toda España», subraya. Señala la insuficiente inversión en atención primaria y expresa su preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario. Llama la atención sobre las elevadas tasas de mortalidad en residencias de ancianos durante la crisis del COVID-19 y observa que estas muertes aún deben ser investigadas y abordadas de manera efectiva con la estrecha participación de las familias de las víctimas. La Comisaria también toma nota con interés de la iniciativa de las autoridades de reformar el sistema de atención a las personas mayores y subraya que ésta debe basarse en una prestación integrada de atención social y sanitaria que garantice el pleno respeto de la dignidad, la autonomía y la independencia de las personas mayores. También acoge con satisfacción las importantes medidas adoptadas para defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, y pide al gobierno que garantice que no se ven menoscabados por las persistentes desigualdades de acceso entre regiones.

El Comisionado también subraya que la aplicación de varias disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y del Código Penal sigue teniendo un grave impacto negativo en el disfrute de las libertades de expresión y reunión, en particular para los defensores de los derechos humanos y los periodistas, lo que crea un efecto amedrentador general en la sociedad. Señalando que «la salvaguarda de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión y reunión, es parte integrante de los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos», la Comisaria reitera que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 debe ajustarse plenamente a las normas europeas e internacionales de derechos humanos. Acogiendo con satisfacción la derogación del delito de sedición del Código Penal, considera, sin embargo, que son necesarios cambios integrales para reforzar las salvaguardias existentes en torno a los derechos a la libertad de expresión y de reunión. También expresa su preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso inapropiado de armas antidisturbios y la falta de números de identificación claros y visibles, especialmente durante las manifestaciones. «Debe reforzarse la rendición de cuentas y la supervisión generales de las fuerzas del orden», afirma.

Por lo que respecta a los derechos humanos de los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes, la Comisaria acoge con satisfacción las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la protección y la acogida de las personas que huyen de la guerra en Ucrania, los pasos dados para mejorar las condiciones de acogida en las Islas Canarias y la adecuada protección y acogida de los niños migrantes no acompañados. Sin embargo, lamenta que el acceso a la protección varía significativamente en todo el país y sigue siendo muy difícil para muchos refugiados y solicitantes de asilo debido a los largos períodos de espera para acceder al procedimiento de asilo, los retrasos en la identificación de vulnerabilidades especiales y los obstáculos para acceder a los derechos sociales, incluida la vivienda y la salud. Subraya que no existe un acceso real y efectivo al asilo en la frontera entre Nador (Marruecos) y Melilla. «No parece haber otra forma de entrar en España por la frontera de Melilla y solicitar protección a las autoridades competentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la propia vida», afirma. La Comisaria insta a las autoridades a asegurarse de que quienes necesitan protección puedan acceder al territorio por vías legales y seguras. También hace hincapié en que España, al igual que otros Estados miembros del Consejo de Europa, no debe contribuir directa o indirectamente a la violación de los derechos humanos a través de las medidas adoptadas para aplicar su cooperación en materia de migración con terceros países y subraya que «la situación en las fronteras entre Marruecos y España demuestra una vez más la urgente necesidad de mejorar el reparto de responsabilidades y las medidas de solidaridad entre los Estados miembros del Consejo de Europa».