Bruselas lleva a España y a otros cuatro países ante el TJUE por incumplir la Ley de Servicios Digitales

La Comisión Europea ha decidido llevar a Chequia, España, Chipre, Polonia y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber designado ni facultado a un coordinador nacional de servicios digitales ni haber establecido las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones en virtud del Reglamento de Servicios Digitales [Reglamento (UE) 2022/2065].

El Reglamento de Servicios Digitales exige a los Estados miembros que designen a una o varias autoridades competentes en lo relativo a la supervisión y la ejecución de dicho Reglamento, y que una de ellas sea designada como su coordinador nacional de servicios digitales a más tardar el 17 de febrero de 2024. Los Estados miembros también están obligados a facultar a tales coordinadores para que puedan desempeñar sus funciones en virtud del Reglamento de Servicios Digitales y a establecer normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de dicho Reglamento. Los coordinadores de servicios digitales son esenciales para supervisar y hacer cumplir el Reglamento de Servicios Digitales y velar por su aplicación uniforme en toda la Unión, en cooperación con la Comisión.

Polonia no ha designado ni facultado a ningún coordinador de servicios digitales para desempeñar sus tareas en virtud del Reglamento de Servicios Digitales.

Aunque Chequia, Chipre, España y Portugal han designado a sus propios coordinadores de servicios digitales, no les han encomendado las competencias necesarias para llevar a cabo sus tareas en virtud del Reglamento de Servicios Digitales.

Este mismo Reglamento también dispone que los Estados miembros establezcan el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del Reglamento, lo que ninguno de esos Estados ha hecho.

Por este motivo, la Comisión incoó procedimientos de infracción mediante el envío de cartas de emplazamiento a Chequia, Chipre, Polonia y Portugal el 24 de abril de 2024 y a España el 25 de julio de 2024. A esta medida sucedió el envío de dictámenes motivados a Chequia, Chipre y Portugal el 3 de octubre de 2024, y a España y Polonia el 16 de diciembre de 2024.

Dado que esos Estados miembros no han adoptado las medidas necesarias, la Comisión ha decidido llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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