La mejora de las pensiones complementarias no puede sustituir ni debilitar a los sistemas públicos y exige el fortalecimiento de las pensiones públicas

Mari Carmen Barrera presenta ante la comisión de Economía del Parlamento Europeo las recomendaciones del CESE sobre el paquete de pensiones complementarias, del que es ponente y reclama más participación de los agentes sociales, transparencia y protección para las personas trabajadoras.

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La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, intervino ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo para presentar las recomendaciones del dictamen aprobado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre el Paquete de Pensiones Complementarias, relativo a la Directiva IORP II sobre fondos de pensiones de empleo y al Reglamento del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP).

Como ponente única del dictamen, Barrera defendió la necesidad de mejorar los sistemas de pensiones complementarias en la Unión Europea, pero advirtió de que su desarrollo no debe producirse a costa de los sistemas públicos. En este sentido, reclamó un enfoque equilibrado que permita fortalecer ambos pilares de protección social y garantice pensiones adecuadas para las personas trabajadoras.

Durante su intervención, destacó que cualquier reforma debe apoyarse también en mercados laborales más sólidos, en la reducción de las brechas de género, también en las pensiones privadas y en una mayor implicación de los interlocutores sociales, que deben estar en el origen de cualquier reforma en materia de pensiones, garantizando un amplio consenso social. Por ello, subrayó la importancia de reforzar la negociación colectiva y el diálogo social como paso previo a la reforma propuesta por la CE, para garantizar una gobernanza más participativa y transparente de los sistemas complementarios en todos los Estados miembros.

Entre las propuestas recogidas en el dictamen figura la creación de un comité de seguimiento con representación de los Estados miembros, los agentes sociales y las autoridades europeas en materia de pensiones, encargado de supervisar y proponer medidas a través del seguimiento de la evolución de las reformas y sobre todo evaluar su impacto sobre la pobreza, la segregación y la desigualdad. Todo ello con el objetivo de que todas las personas trabajadoras puedan jubilarse con pensiones dignas.

Barrera también insistió en la necesidad de mejorar la información que reciben las personas trabajadoras sobre sus planes de pensiones. Para ello, planteó que la documentación técnica vaya acompañada de resúmenes claros y accesibles, además de impulsar herramientas de educación financiera que faciliten la toma de decisiones relacionadas con la jubilación.

Asimismo, el dictamen propone que las autoridades supervisoras puedan distinguir entre factores temporales y estructurales en situaciones de infrafinanciación de los fondos de pensiones y que los Estados miembros analicen las distintas prácticas de desacumulación, la recuperación del plan de pensiones en el momento de la jubilación de la persona trabajadora, para promover aquellas que resulten más beneficiosas para los consumidores.