Alineando esfuerzos: cómo los interlocutores sociales están impulsando una transición ecológica y justa
Resumen
El impulso hacia las emisiones netas cero está cobrando fuerza. Sin embargo, el camino es una prueba de equidad social, y el resultado también dependerá de la eficacia con la que los interlocutores sociales colaboren entre sí y con otros. Nuestra investigación muestra que algunos interlocutores sociales están llevando a cabo diversas iniciativas interesantes, pero solo en un pequeño número de Estados miembros. Las acciones conjuntas de los interlocutores sociales, a menudo en cooperación con los gobiernos y otros actores, muestran cómo se pueden gestionar los cambios necesarios para llevar a cabo la transición ecológica sin dejar a nadie atrás y cómo se puede compartir la responsabilidad de la sostenibilidad.
Introducción
El compromiso de la Unión Europea de alcanzar la neutralidad climática requiere no solo políticas medioambientales audaces, sino también fuertes salvaguardias para los trabajadores y sus comunidades. La transición ecológica es algo más que unos objetivos de emisiones: se trata de remodelar las economías y las industrias, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás. Debe ser una transición justa. Los interlocutores sociales —organizaciones patronales y sindicatos— desempeñan un papel crucial a la hora de equilibrar los objetivos climáticos con la justicia social y económica. A través del diálogo social, los convenios colectivos y las asociaciones con los gobiernos, la sociedad civil y otros actores, trabajan para integrar la equidad en la transición, protegiendo los puestos de trabajo, mejorando las condiciones laborales y fomentando la toma de decisiones inclusiva. Este artículo examina las acciones de la UE, nacionales, sectoriales, empresariales y tripartitas que ilustran cómo los interlocutores sociales están impulsando una transición ecológica y justa.
Compromisos sectoriales a nivel de la UE
A nivel de la UE, los comités de diálogo social sectorial de múltiples sectores han adoptado textos —declaraciones conjuntas, declaraciones y dictámenes conjuntos— que sitúan la transición justa en el centro de las estrategias de sostenibilidad. Aunque todavía no existen acuerdos marco autónomos aplicables en todos los Estados miembros, el creciente número de compromisos sectoriales muestra un amplio consenso: los objetivos medioambientales deben perseguirse en paralelo con la protección de los trabajadores y la preparación de las empresas para garantizar un enfoque equilibrado de la transición ecológica. A continuación se enumeran algunos ejemplos de estos compromisos sectoriales.
Agricultura: Los interlocutores sociales destacan los graves riesgos que el cambio climático —sequías, inundaciones y estrés térmico— supone tanto para los cultivos como para los trabajadores. En su declaración conjunta piden evaluaciones del impacto socioeconómico, recursos para evitar la pérdida de puestos de trabajo y medidas de protección de la salud en el trabajo, como el acceso a agua potable y medidas contra las enfermedades relacionadas con el calor.
Educación: La Federación Europea de Empleadores de la Educación (EFEE) y el Comité Sindical Europeo de la Educación (ETUCE) promueven conjuntamente la educación en materia de sostenibilidad medioambiental en todos los niveles. Destacan que es esencial proporcionar formación y recursos a los docentes, ya que la educación en sí misma es una herramienta para integrar los valores de la sostenibilidad a largo plazo en la sociedad.
Gas: IndustriALL, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) y Eurogas subrayan el reto que supone la eliminación gradual de los combustibles fósiles sin sacrificar la equidad. Su dictamen conjunto de 2023 destaca los 220 000 trabajadores cuyos puestos de trabajo dependen del sector y pide acuerdos marco a nivel de la UE, negociación colectiva e inversión en hidrógeno y biometano para garantizar tanto la descarbonización como el empleo.
Ferrocarriles: La Comunidad de Empresas Ferroviarias y de Infraestructuras Europeas (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) subrayan las ventajas climáticas que ofrece el ferrocarril en comparación con el transporte por carretera, pero solo si se cuenta con el respaldo de inversiones en infraestructuras a largo plazo, material rodante moderno, innovación digital y reciclaje profesional de la mano de obra. También piden reformas normativas para garantizar que el ferrocarril compita en igualdad de condiciones.
Pesca: Los interlocutores sociales hacen hincapié en la necesidad de preservar tanto los ecosistemas como las comunidades. En su dictamen conjunto piden que se congele el esfuerzo pesquero hasta 2027, se amplíen los plazos de los objetivos medioambientales y se apoye a las comunidades costeras mediante medidas de compensación y reciclaje profesional.
Azúcar: La vulnerabilidad de la industria azucarera al cambio climático pone de relieve los riesgos tanto para el rendimiento de los cultivos como para el empleo. Los interlocutores sociales abogan por una transición justa mediante la inversión en biomasa, energías renovables y eficiencia energética, al tiempo que implican directamente a los trabajadores en los cambios que se producirán.
Telecomunicaciones: Los interlocutores sociales destacan la importancia del reciclaje profesional ante la doble transición ecológica y digital, al tiempo que se comprometen con la transparencia, la toma de decisiones inclusiva y la presentación de informes de sostenibilidad. Consideran que las tecnologías avanzadas son herramientas para reducir las emisiones y fomentar nuevas oportunidades de empleo.
Carpintería y mobiliario: En este caso, la atención se centra en la bioeconomía circular. Los interlocutores sociales promueven el diseño sostenible, el uso de materiales renovables, la captura de carbono y los empleos rurales de calidad. La mejora de las competencias de los trabajadores se presenta como esencial para alcanzar los objetivos de la Estrategia Forestal de la UE.
En general, estas opiniones y declaraciones conjuntas presentadas por los interlocutores sociales sectoriales a nivel de la UE son la expresión de su compromiso de situar la protección de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, así como la protección de sus comunidades, en el centro de la transición ecológica. Al vincular la neutralidad climática con la protección del empleo, la salud y la seguridad, la sostenibilidad empresarial y el principio del diálogo social, los interlocutores sociales se comprometen a garantizar una transición justa.
Iniciativas a nivel nacional
Más allá de los textos a nivel de la UE, los interlocutores sociales nacionales han desarrollado iniciativas concretas para gestionar las implicaciones de la transición ecológica para las empresas, los trabajadores y sus comunidades. Los sindicatos han tomado a menudo la iniciativa en la creación de estructuras innovadoras: la Federación Sindical Austriaca (ÖGB), por ejemplo, creó una «oficina climática» para guiar a los trabajadores y representantes a través de la transición, mientras que IF Metall, en Suecia, introdujo «embajadores climáticos» para difundir conocimientos en los lugares de trabajo. Estas iniciativas combinan la sensibilización con la defensa de políticas de transición justa.
Los sindicatos también forman alianzas con la sociedad civil, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales, ampliando el alcance del diálogo social para garantizar que los grupos vulnerables, como las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas, no queden excluidos. Por su parte, las organizaciones patronales han creado grupos de trabajo y proyectos específicos relacionados con esta cuestión. Entre los ejemplos se incluyen el grupo de Medio Ambiente y Emprendimiento Responsable de Estonia y las campañas de sensibilización llevadas a cabo por la Cámara de Comercio, Empresa e Industria de Malta. En conjunto, estas iniciativas muestran cómo los interlocutores sociales pueden afianzar la equidad en las estrategias ecológicas nacionales.
Convenios colectivos que gestionan la transición
Los convenios colectivos siguen siendo una de las formas más directas en que los interlocutores sociales pueden configurar conjuntamente la transición, al tiempo que garantizan la protección de los trabajadores y la competitividad. Aunque no están muy extendidos, hay ejemplos importantes que ilustran cómo la negociación colectiva puede anticipar y gestionar el cambio.
Intersectorial: El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de España, que abarca el periodo 2023-2025 y ha sido firmado por las principales organizaciones patronales y sindicales, incluye un capítulo completo sobre la transición ecológica, en el que se vincula la formación y la creación de empleo con los objetivos de sostenibilidad de la UE. El acuerdo nacional de Grecia de 2021, firmado por las seis organizaciones de interlocutores sociales de máximo nivel, compromete a las partes firmantes a supervisar conjuntamente las medidas de mejora de las competencias para las industrias verdes emergentes.
Sectorial: Los acuerdos francés y finlandés adoptan un enfoque prospectivo al incluir cláusulas para el desarrollo anticipado de competencias, garantizando que la formación de la mano de obra evolucione al ritmo de los cambios tecnológicos. El acuerdo del sector químico de Finlandia para 2022, por ejemplo, exige a las empresas que evalúen periódicamente las competencias de los trabajadores y les proporcionen formación accesible, al tiempo que aplican medidas para reducir las emisiones y modificar sus modelos de producción y prestación de servicios.
Empresa: Varios acuerdos empresariales destacan por su profundidad e innovación. En Italia, el protocolo INSIEME 2023 de la multinacional energética ENI introdujo un modelo participativo e inclusivo de relaciones laborales, que otorga a los trabajadores un papel especialmente importante en la configuración de las políticas de transición energética. También en Italia, la empresa de energía Enel desarrolló su proyecto Futur-e, que reconvierte centrales eléctricas al tiempo que ofrece opciones de reubicación, recualificación y jubilación anticipada al personal afectado. En Alemania, el acuerdo de Bosch Mobility de 2023 garantiza el empleo de 80 000 trabajadores hasta 2027, garantiza que no habrá despidos forzosos y aumenta la participación de los trabajadores en la planificación estratégica. En Francia, el acuerdo de Sanofi para 2022 apoya la visibilidad profesional a largo plazo e integra la planificación de competencias en los objetivos ecológicos.
Estos acuerdos ilustran cómo el diálogo social puede transformar la incertidumbre en vías estructuradas para los trabajadores que no solo apoyan la adaptación de las empresas, sino que también salvaguardan los derechos de los trabajadores.
Integración de la sostenibilidad en los incentivos salariales
Algunas empresas van más allá y vinculan directamente la remuneración de los empleados a los objetivos de sostenibilidad. Estos ejemplos muestran cómo la negociación colectiva puede integrar el rendimiento medioambiental en el núcleo de las relaciones laborales, alineando el éxito de la empresa con la sostenibilidad. Por ejemplo, en Italia, el Acuerdo de Bonificaciones por Participación 2022 de Saipem incorpora métricas de reducción de emisiones junto con indicadores de productividad y rentabilidad, y los sindicatos participan en el diseño y la supervisión del programa. Las bonificaciones también pueden convertirse en prestaciones sociales, con contribuciones adicionales del empleador que fomentan su aceptación.
En el Grupo Hera, el Pacto por el Buen Trabajo 2024 integra objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la remuneración. Las bonificaciones aumentan progresivamente hasta 2027, mientras que los indicadores ESG representan hasta el 70 % de los objetivos de gestión. Estos ejemplos muestran cómo las negociaciones a nivel de empresa han incorporado el rendimiento medioambiental en el núcleo de las relaciones laborales, alineando el éxito de la empresa con la sostenibilidad. Estos acuerdos pueden complementarse con políticas de remuneración de la empresa para los altos directivos, alineando la remuneración y los objetivos medioambientales para lograr una transición exitosa hacia modelos de negocio sostenibles.
Acuerdos de colaboración social
En varios Estados miembros, los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones patronales han firmado acuerdos tripartitos para garantizar la equidad en la transición ecológica.
- El Acuerdo Tripartito Verde de Dinamarca para 2024 destina 5 700 millones de euros a apoyar la agricultura sostenible, al tiempo que crea organismos tripartitos locales para supervisar su aplicación equitativa.
- El Acuerdo Marco de Transición Justa (2019-2027) de España para las regiones carboníferas ofrece formación, creación de empleo y restauración medioambiental. Los datos sugieren que el 95 % de los participantes han encontrado nuevos puestos de trabajo en sectores ecológicos.
- Las asociaciones climáticas de Noruega (2023-2024) involucran a la industria de procesos, los sectores marítimo y de la construcción, con el objetivo de lograr importantes reducciones de emisiones y, al mismo tiempo, salvaguardar los puestos de trabajo. Entre los mecanismos de financiación se encuentra la agencia estatal Enova, que solo en 2024 aportó más de 2000 millones de coronas noruegas (aproximadamente 170 millones de euros) al sector marítimo.
- En Polonia, se han celebrado acuerdos sectoriales sobre energía fotovoltaica, biometano, energía eólica marina e hidrógeno bajo los auspicios del Ministerio de Clima y Medio Ambiente. Estos acuerdos cuentan con el respaldo de consejos de coordinación y grupos de trabajo en los que participan los interlocutores sociales.
- La Alianza para una Transición Justa de Suecia reúne a 54 organizaciones, entre las que se encuentran sindicatos, grupos climáticos y el Parlamento Sami (un grupo indígena). Apoya las medidas y la sensibilización sobre la transición justa y aboga por la justicia climática, la protección de los trabajadores y los derechos de los indígenas.
- El acuerdo de Portugal de 2021 sobre formación profesional y cualificaciones apoya el aprendizaje permanente, con el objetivo de que el 60 % de los adultos participen en la formación cada año para 2030 en el contexto de la transición ecológica y digital.
Los acuerdos de colaboración en los que participan el Estado, los interlocutores sociales y, en ocasiones, otros actores suelen contar con un buen apoyo financiero, con fondos asignados a cada actividad. Las acciones de colaboración suelen integrarse en un modelo de colaboración social y pueden incluir mecanismos de seguimiento para adoptar medidas correctivas cuando sea necesario.
Conclusiones
La transición hacia una Europa climáticamente neutra está transformando las industrias, los lugares de trabajo y las competencias, con profundas consecuencias para las empresas, los trabajadores y las comunidades en las que se encuentran. Los interlocutores sociales han demostrado, a través de compromisos sectoriales de la UE, iniciativas nacionales, convenios colectivos y pactos tripartitos, que apoyan los objetivos de la transición ecológica. La protección del empleo, la garantía de la salud y la seguridad en el trabajo, la mejora de las competencias y la participación de los trabajadores en el contexto de la transición ecológica son prioridades recurrentes. Sin embargo, aún no están generalizadas en todos los sectores y todos los Estados miembros. Todavía faltan acuerdos marco globales a nivel de la UE, pero el lento crecimiento del conjunto de medidas sectoriales, nacionales y empresariales ilustra que la transición justa se está configurando gradualmente a través del diálogo social. Para lograr la neutralidad climática sin dejar atrás a los trabajadores es necesario que se multipliquen los casos de este enfoque cooperativo en toda Europa, basado en la protección de los trabajadores, la preparación de las empresas y la equidad.
