UGT exige implementar el diálogo social a todos los niveles en la Unión Europea

Durante el día de ayer una delegación de UGT, encabezada por Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Europeas, Rafael Espartero, Secretario General de Organización, Luis Pérez Capitán, Secretario de Recursos y Estudios, y Patricia Ruiz, Secretaria de Acción Sindical,  ha mantenido una reunión conjunta con Marcos Alonso, Embajador Representante Permanente de España en la Unión Europea (REPER), y con Oliver Röpke, Presidente del Grupo de los Trabajadores del CESE, para exponer los objetivos y prioridades de las personas trabajadoras en Europa.

En el transcurso de la reunión, el embajador Marcos Alonso desarrolló las prioridades de la próxima Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea centradas, principalmente, en la consolidación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la transición energética y el trabajo decente. Asimismo, manifestó la importancia de llevar a cabo una Presidencia de marcado carácter social, en consonancia con las políticas llevadas a cabo en territorio nacional, y la gran oportunidad presentada para poder tender puentes entre Europa y América latina a través de la misma.

Por su parte, Oliver Röpke hizo referencia al papel fundamental del Comité Económico y Social Europeo y de la UGT en la implementación del diálogo social a todos los niveles de la Unión Europea. De igual modo, hizo hincapié en la sintonía existente entre las opiniones llevadas a cabo por el Comité, y especialmente las realizadas por el del Grupo de los Trabajadores, en materia  de negociación colectiva verde, transición justa o trabajo decente, y las prioridades para la Presidencia Española de la UE explicitadas por el Embajador de la REPER.

En el debate posterior se puso de manifiesto, entre otras cuestiones, la dramática situación que se está viviendo en Castilla y León, donde el Gobierno de la Junta, de coalición con la extrema derecha, ha llevado a cabo la eliminación de la financiación de Servicio Regional de Relaciones Labores (SERLA) en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2023, lo cual significa una obstaculización del diálogo social y una vulneración de derechos fundamentales.

Por otra parte, se puso de relieve, de forma unánime, la importancia de la participación ciudadana como elemento clave para resolver conflictos como el del Mar Menor, donde tras aprobarse la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) promovedora de la Personalidad Jurídica del mismo, que insta a apostar por un modelo turístico de calidad, y repensar los sectores como la pesca, turismo y actividades recreativas para que sean cada vez más sostenibles, protejan la biodiversidad y generen empleos dignos y decentes.