La UE planea convertir décadas de datos personales en combustible para las empresas de la IA
Un documento filtrado propone modificar el Reglamento General de Protección de Datos para facilitar a las grandes tecnológicas el acceso a información personal del usuario «en el contexto de la IA». En plena escalada de la alarma social, Pedro Sánchez ha presentado un plan del Gobierno con el que pretende elaborar un «nuevo contrato social», pero los expertos lo consideran «inconcreto».
En plena escalada de alarma por los riesgos de la inteligencia artificial, la Unión Europea tiene en la recámara una propuesta para desregular su implementación. Un documento filtrado propone modificar la legislación comunitaria para dar facilidades a las grandes compañías. En concreto, el cambio normativo facilita el acceso de las grandes tecnológicas a los datos personales de los usuarios para poder así entrenar los nuevos modelos.
La organización internacional por la protección de datos Noyb (Not your business, No es asunto tuyo) ha publicado el documento filtrado. En él, Dublín, que en este momento ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, propone una modificación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El cambio contempla que las grandes empresas tecnológicas puedan utilizar todos los datos personales recopilados durante las últimas décadas» sin prácticamente ninguna restricción, siempre que ello se produzca ‘en el contexto’ de la IA», según apunta la organización en un comunicado. «Esta autorización general se aplicaría también a personas que nunca hayan sido clientes de una empresa de IA, o a datos introducidos hace décadas, por ejemplo, en chats o en redes sociales», añaden.
El documento, consultado por Público, contempla editar el artículo 88 bis del Reglamento. En su primer punto, establece la siguiente novedad: «El tratamiento de datos personales en el marco del desarrollo y el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial o de un modelo de inteligencia artificial podrá llevarse a cabo en virtud de un interés legítimo del responsable del tratamiento». Precisamente al presuponerse un «interés legítimo» de las empresas para desarrollar la IA, desde Noyb advierten que «no sería necesario solicitar el consentimiento de los usuarios«. El fundador de la organización, Marx Schrems, critica que «todo lo que hemos introducido en sistemas digitales, o que las empresas de IA hayan obtenido de cualquier otro modo, se convierte en un bien que dichas empresas pueden utilizar libremente».
El tercer punto del artículo sí recoge salvaguardias para la protección de los derechos fundamentales: «El tratamiento en el contexto del desarrollo y la explotación de la inteligencia artificial estará sujeto a las medidas y garantías técnicas y organizativas adecuadas para proteger los derechos y libertades del sujeto, de conformidad con el presente Reglamento». No obstante, Schrems valora un salto cualitativo sobre la legislación que se propone en esta materia. «Desde la década de 1980, hemos prometido a la gente que, si bien las grandes corporaciones pueden conservar los datos, solo se les permite utilizarlos de forma limitada. El artículo 88 bis abre ahora repentinamente las compuertas y permite el uso ilimitado de todos los datos para la IA«, expresa.
Un nuevo contrato social ante el avance de la IA
Por su parte, este lunes el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado el Plan IA360 que recoge en su introducción el papel que la inteligencia artificial ha cumplido en los últimos años como tecnología disruptiva. «Desde los diagnósticos clínicos a los servicios financieros, pasando por la investigación científica, la educación o la creación cultural, la IA transforma cada campo en el que se aplica». Precisamente por estas transformaciones materiales, el Gobierno también ha anunciado la creación de «un nuevo Contrato Social para la IA». En este sentido, fuentes de Moncloa han informado de que convocarán a partir de octubre «a los agentes sociales para avanzar desde ya en este gran acuerdo de país».
Jose Luis Aznarte, catedrático en el departamento de IA de la UNED, valora en declaraciones a Público que el anuncio es «inconcreto» y que por tanto, «no se sabe cómo se quiere abordar el tema». El experto recuerda que «no todo el mundo opina desde el mundo lugar». Añade que en muchos casos, quienes creen tener un amplio conocimiento sobre la materia, en realidad, solo saben de «los reclamos publicitarios» con los que los tecno-oligarcas «bombardean» cada a la ciudadanía cada día.
También Borja Adsuara, abogado y consultor experto en estrategia digital, considera que «nadie tiene ideas claras». Adsuara identifica «cierta contradicción entre prohibir el acceso de los menores a las redes sociales –e, incluso, prohibir el móvil hasta los 16 años– y decir que hay que enseñar a los alumnos de secundaria a usar la IA», según indica a este medio. Por otro lado, si bien ve la iniciativa como positiva, sospecha de su utilidad. «Mi experiencia es que luego se queda en titulares de prensa y discursos políticos. No en leyes y medidas concretas«, admite.
El plan del Gobierno ignora la protección de datos
Llama la atención precisamente que el documento presentado por el Gobierno no dedica ningún epígrafe específico a la protección de datos. Sí contempla una «estrategia de alfabetización en inteligencia artificial para el empoderamiento de la ciudadanía». En ella se prevé un programa de alfabetización de la IA para que todas las personas comprendan cómo emplear estas aplicaciones «con seguridad». En este sentido, el documento menciona la «identificación de contenidos sintéticos y de fraudes o protección de datos personales».
Aunque no desarrolla ninguna función específica, el texto también recoge la involucración de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en diferentes puntos. Uno de ellos es la creación de un Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial, cuyo objetivo será «reforzar y concentrar las capacidades de análisis, evaluación y asesoramiento». El otro es se refiere al «protocolo de actuación urgente en la protección digital de menores». El propósito de este protocolo es «ofrecer a menores y familias una respuesta pública clara, rápida y coordinada frente a la creación y difusión de contenidos ilícitos o perjudiciales». Se hace especial hincapié en los casos de acoso, deepfakes y otra clase de violencias que vulneren los derechos de las infancias.
Una mayor ambición contra los tecno-oligarcas
Aznarte señala que las grandes tecnológicas «están siendo ambiciosas» y, por tanto, defiende que los gobiernos y la sociedad civil «también tenemos que serlo». El experto aboga por trabajar para que la inteligencia artificial «sea una herramienta emancipatoria, sirva para pensar y enriquezca el mundo. Y eso pasa por contrariar a las empresas». Pese a la propuesta europea para desregular la protección de datos, el catedrático incide en que tanto esta ley como la ley de propiedad intelectual, entre otras, componen un armamento legislativo que sirve de «palanca» para que el devenir de la IA sea a favor del beneficio colectivo y no del de «unos pocos tecno-oligarcas de California».