La Eurocámara finiquita las reformas de energía y queda en el aire la ley de restauración de la naturaleza
El Pleno da este jueves luz verde definitiva a la reforma del mercado eléctrico y a la ley que creará el mercado del hidrógeno verde y se da por perdida la ley para recuperar espacios naturales, que podría tener otra oportunidad tras las elecciones.
El Parlamento Europeo va terminando su legislatura y se prepara para afrontar las elecciones del 9 de junio. Antes, este jueves prevé dar varios pasos más, prácticamente los últimos, para terminar de cerrar todas las regulaciones y reformas legislativas relacionadas con la transición ecológica o motivadas por la crisis energética de 2022. Dará luz verde definitiva a la reforma del mercado de la electricidad y a la nueva directiva sobre gases renovables e hidrógeno verde, de modo que a la Eurocámara solo le queda aprobar del todo la directiva de calidad del aire, que podría ver la luz verde en el último Pleno antes de quedar sin actividad, a final de abril. Por el contrario, ya se da por descontado que no saldrá adelante, al menos antes de las elecciones, la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza. A pesar de la división prácticamente en dos, el Parlamento la aprobó, pero sigue bloqueada porque en el Consejo ocho países decidieron retirarle su apoyo en el último momento.
El ‘minipleno’ de la Eurocámara, de dos días, que se celebra esta semana en Bruselas prevé aprobar este jueves definitivamente una reforma de reglamento y otra de directiva que darán lugar a la reforma del mercado de la electricidad, votando para ratificar el acuerdo al que los eurodiputados llegaron con los gobiernos europeos, que a su vez también ya lo refrendaron.
De esta forma, podrá publicarse en el Diario Oficial de la UE un nuevo mercado eléctrico que tratará de dar más estabilidad a los precios de la electricidad mediante el impulso de las compras a largo plazo, que reducirán el peso del mercado diario y con ello, y de algún modo por la puerta de atrás, el sistema marginalista que fija el precio al precio de la tecnología más cara, los ciclos combinados de gas natural. Para ello, se introducirá un esquema de apoyo estatal en las subastas para nuevas instalaciones -o para ampliar las ya existentes en el caso particularmente de la nuclear- y se impulsará un mercado más transparente de contratos privados de compra, los llamados PPA.
Ligado directamente al consumidor, se prohibirán los cortes de luz a lo clientes vulnerables, se prohibirá a las comercializadoras romper de forma unilateral los contratos para cerrar otros menos favorables, se reconoce el derecho a «compartir energía» y se abre la puerta a que los gobiernos puedan regular precios en caso de declararse una nueva crisis como la de hace dos años.
Lo mismo sucederá con la directiva de gases renovables, que previsiblemente también quedará definitivamente aprobada este jueves y creará un mercado del hidrógeno renovable u ordenará la producción de biometano para ir sustituyendo al gas natural y marcarle una puerta de salida, ya que, según esta nueva ley, los operadores energéticos de la UE no podrán cerrar más acuerdos de compra a largo plazo a partir de 2049. Esta directiva incluye también una medida tan drástica como, en principio, inocua, la posibilidad de que los países de la UE decidan unilateralmente prohibir las importaciones de gas desde Rusia y Bielorrusia, que, como otros, España ya ha dicho que no quiere aplicar en solitario.
Paquete para la descarbonización
Estas dos son algunas de las piezas legislativas, relacionadas con la transición ecológica, en las que el Gobierno español ha hecho más hincapié en Bruselas en esta legislatura que acaba. También forman parte de las 14 regulaciones del llamado Fit for 55, el paquete de medidas con las que la UE se prepara para recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero «al menos» un 55% en 2030, antes de ir a por la reducción del 90% diez años después, en 2040, según el siguiente objetivo ya planteado. A dos meses de que termine la actual legislatura, están prácticamente todas ya adoptadas, incluidas la directiva de renovables, la que establece nuevos límites de emisiones para coches y que prohíbe vender en la UE coches de gasolina o gasóleo a partir de 2035, regulaciones emisiones en edificación, sobre carburantes en aviación y transporte marítimo o el mecanismo de ajuste en frontera por carbono.
Fuera de este paquete de descarbonización, para el Gobierno era muy importante aprobar otras dos normas europeas, la que fija nuevos niveles más restrictivos sobre calidad del aire y la más polémica, la que busca restaurar los ecosistemas europeos en mal estado obligado a los gobiernos a restablecer al menos el 20% de ellos en 2030. Según indican fuentes parlamentarias, todavía hay tiempo para que la directiva sobre calidad del aire vea la luz antes de las elecciones, en el último Pleno de la Eurocámara en la última semana de abril. Todo lo contrario de lo que ocurre con la Ley de Restauración de la Naturaleza.
Última esperanza para la Restauración de la Naturaleza
Durante los meses que duró la negociación, la Ley de Restauración de la Naturaleza partió en dos al Parlamento Europeo, con el PPE votando con la extrema derecha en su contra, y exacerbó los ánimos de buena parte del campo europeo, que se echó a la calle y bloqueó con tractores las carreteras de Francia o España y las calles de Madrid o Bruselas.
A pesar de que la batalla en el Parlamento Europeo fue de las cruentas, los eurodiputados terminaron aprobándola en junio del año pasado y, una vez que los gobiernos también llegaron a su acuerdo, las dos instituciones -Consejo y Parlamento- cerraron un acuerdo común, en los llamados trílogos. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrirá este jueves con la reforma del mercado eléctrico, la Eurocámara no procederá aún a refrendar aquel pacto, porque hace unas semanas saltó por los aires en el Consejo, después de que ocho países retiraran su apoyo al acuerdo que ya estaba cerrado.
Según explican fuentes comunitarias, fue clave el paso atrás que dio Hungría, que abrió las compuertas para que hasta ocho gobiernos -el doble de los que habrían sido necesarios- se unieran en una mayoría de bloqueo que ha dejado en el aire una ley que llenó las calles europeas de tractores a las puertas de unas elecciones europeas y que provocó pavor hasta en gobiernos como el de Bélgica, generalmente alienado con España en cuestiones de transición ecológica. Precisamente Bélgica preside este semestre el Consejo de la UE y debería mullir un acuerdo sobre una ley que ha rechazado en el último momento.
Apenas quedan esperanzas de que esta ley nazca antes de las elecciones europeas pero en el Parlamento Europeo todavía ven una última oportunidad para ella para después. La Eurocámara ya terminó su trabajo y solo tiene que refrendar el acuerdo a que llegó con los Gobiernos que, quizá después de los comicios, se avengan a volver al plan inicial y den también su visto bueno definitivo. En ese caso y si los Veintisiete no movieran ni una coma, el nuevo Parlamento debería votar el acuerdo ya cerrado, aunque, como dicen los pronósticos, en él se sienten más eurodiputados escépticas con la lucha climática y con el Pacto Verde europeo.
