Bruselas endurece su política de asilo para deportar a migrantes a países donde nunca han estado
La Eurocámara aprueba dos reformas que permitirán a los Estados expulsar a migrantes a terceros países con los que no tengan ningún vínculo o crear centros de deportación fuera de la UE. Las modificaciones, que aún necesitan el visto bueno de los Estados miembros, fueron aprobadas por los votos de la derecha y ultraderecha europea.
El Parlamento Europeo ha cruzado otra línea en materia migratoria que confirma su viraje hacia posiciones más duras. Este martes, la Eurocámara ha aprobado un paquete de reformas que consolida un enfoque centrado en el control y contención de fronteras. Para Amnistía Internacional se trata de un «nuevo ataque» para el derecho de asilo, ya que las dos reformas permitirán a los Estados miembros expulsar a migrantes a terceros países con los que no tienen ningún vínculo o crear centros de deportación fuera de la UE.
Con estas modificaciones el reglamento de la UE establece que los solicitantes de asilo puedan ser trasladados a cualquier país con los que exista un acuerdo y que la Unión considere «seguro». Para ello, la Eurocámara ha aprobado una primera lista unificada de «países de origen seguros«: Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez y todos los países candidatos a ingresar a la UE, excepto Ucrania. De esta forma, para sus ciudadanos, conseguir protección en Europa será casi imposible.
«El derecho de asilo, que nació para proteger frente a la persecución, hoy se convierte en un instrumento para gestionar llegadas, disuadir desplazamientos y facilitar devoluciones. El enfoque actual de la UE privilegia la contención y el control fronterizo, incluso cuando eso reduce la posibilidad real de acceder a la protección internacional», explica a Público Cecilia Estrada, doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas.
El enfoque actual de la UE privilegia la contención y el control fronterizo
Aunque los textos aún necesitan el visto bueno de los Estados miembros, la Eurocámara ha dado luz verde en Estrasburgo con 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones. El Partido Popular Europeo (PPE) se ha alineado con los Conservadores Europeos (ECR) y los ultraderechistas Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN) para aprobar el proyecto. Del otro lado, los Socialistas y Demócratas (S&D), Renovar Europa y La Izquierda votaron mayoritariamente en contra, aunque con algunas deserciones.
«Este preocupante cambio político atenta contra los principios fundamentales de la Unión Europea y una renuncia al compromiso de la Unión con la protección de los refugiados», señala Carlos de las Heras, responsable de Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional.
La medida se produce mientras las fuerzas de la ultraderecha, que llevan el discurso antiinmigración como bandera, cogen fuerza en varios países de la UE. «Muchas propuestas que hace diez años eran marginales -como la externalización de fronteras o la creación de centros de detención extraterritoriales- hoy son parte del debate institucional por el ascenso de la extrema derecha. Incluso partidos de centro adoptan medidas restrictivas para evitar perder apoyo, lo que normaliza respuestas que antes se consideraban incompatibles con los estándares de derechos humanos», explica Estrada.
El cambio más polémico de la reforma es la eliminación del requisito de que exista un vínculo entre el solicitante y el país de traslado, lo que permitirá expulsar a personas migrantes a países en los que nunca han estado y, en algunos casos, declarar inadmisible su solicitud sin llegar a analizar su caso particular.
En concreto, la medida podrá aplicarse en tres casos: si el solicitante tiene algún vínculo con un tercer país considerado «seguro»; si fue un país de paso antes de llegar a la UE y pudo haber solicitado protección allí; o, incluso sin vínculo ni tránsito previo, si existe un acuerdo entre la UE y ese país que garantice el examen de la solicitud. Así, será el propio solicitante quien deba demostrar que su traslado no es seguro, por ejemplo, por riesgo de persecución o de sufrir daños graves. «Esto no es sino un obstáculo más en el laberinto legal que, sin duda, privará a las personas en situación de riesgo de la protección que necesitan», denuncia Carlos de las Heras, responsable de Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional, en conversación con Público.
Italia ya intentó aplicar este modelo creando centros de deportación en Albania, pero estos han permanecido casi vacíos desde su apertura en 2024, debido a que los juzgados italianos consideraron que el plan era inconstitucional.
Entonces, ¿podría ser ilegal el modelo de la UE? Estrada recuerda que existe el principio de no devolución -que prohíbe devolver a alguien a un lugar donde corra peligro de tortura, persecución u otros daños graves- que podría verse comprometido en este modelo. La experta considera que la etiqueta de «país seguro» no siempre refleja la realidad, ya que, por ejemplo en el caso de Túnez «se ha documentado violencia y discriminación contra personas migrantes, especialmente subsaharianos».
«La UE se ha construido sobre la promesa de respeto a la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las minorías. Si en la práctica esas promesas se aplican solo dentro de las fronteras, pero no a quienes intentan llegar, se genera una fractura entre los valores proclamados y las políticas aplicadas», denuncia Estrada.
Las organizaciones civiles denuncian que con los nuevos cambios normativos también se elimina el efecto suspensivo automático sobre los recursos, es decir, con el nuevo reglamento pueden expulsar a un migrante antes de que un tribunal revise el caso. Mientras que, hasta ahora, si se recurre la posible deportación, no puede llevarse a cabo la expulsión hasta que un juez revise el caso.
Comisario de Migración critica la regularización
El mismo día en que se aprobaban estas modificaciones, el Partido Popular llevó al Pleno de Estrasburgo el debate sobre la regularización de migrantes en España. Allí, el comisario europeo de Migración e Interior, Magnus Brunner, también demostró esta línea dura al mostrarse crítico con la medida impulsada por el Ejecutivo español de regularizar a medio millón de migrantes. Brunner advirtió de que obtener un permiso de residencia en la UE «no es un cheque en blanco» y que «cada Estado miembro debe asegurarse de que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión».
«Hoy solo uno de cada cinco migrantes irregulares realmente regresan y creo que es hora de cambiar esto y garantizar que, por regla general, los inmigrantes irregulares abandonen la Unión Europea«, añadió.
Desde la Asociación de Mujeres Migrantes de Catalunya consideran que la UE muestra una clara contradicción en sus posiciones: «Mientras muchos Estados europeos necesitan mano de obra, envejecen demográficamente y dependen del trabajo migrante, las políticas comunitarias avanzan hacia la militarización de fronteras, el recorte de garantías jurídicas y la criminalización de quienes migran, en lugar de apostar por vías seguras, regulares y humanas».
La asociación considera que esta deriva «refuerza narrativas xenófobas y genera más sufrimiento». Por eso defienden políticas de regularización y acogida digna, y reconocer que las personas migrantes ya contribuyen a la economía y a la sociedad. «La migración es un fenómeno humano, no un problema a subcontratar fuera de Europa», concluyen.
Fuente: El Parlamento Europeo endurece su política de asilo para deportar a migrantes a países donde nunca han estado | Público
