Cinco países anuncian un plan para deportar a los solicitantes de asilo rechazados a Ruanda
Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y los Países Bajos tienen previsto abrir centros de deportación en 2027.
Cinco países de la Unión Europea tienen previsto abrir un centro de deportación en Ruanda para los solicitantes de asilo rechazados, según declaró el lunes el canciller austriaco, Christian Stocker.
« «Si no se puede expulsar a las personas que carecen de derecho de residencia en la UE, todo nuestro sistema de asilo queda en ridículo. Y no vamos a permitirlo», afirmó Stocker.
Stocker, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y ministros de los Gobiernos de esos dos países, además de los de los Países Bajos, Alemania y Grecia, anunciaron el plan en una rueda de prensa. Los ministros no llegaron a confirmar que hubieran cerrado un acuerdo, pero afirmaron que el centro entraría en funcionamiento a lo largo de 2027.
Aún quedan algunos «asuntos técnicos» que hay que «resolver», señaló Frederiksen. «Pero el marco, la idea y la colaboración ya están establecidos».
Una reforma de la legislación de la UE aprobada a principios de este año permitió a los países negociar acuerdos para crear este tipo de centros de deportación, siempre que cumplan con las obligaciones en materia de derechos fundamentales.
Los cinco países tienen previsto trasladar a Ruanda a aquellas personas que ya hayan completado todo el procedimiento de asilo y a las que se les haya ordenado abandonar la UE.
Los países afirmaron que pretenden centrarse en adultos sin hijos y, concretamente, en personas que no cooperen —o cuyos países de origen no colaboren— en el proceso de deportación.
«Para mí, el día de hoy marca un paso crucial hacia un nuevo sistema de migración; un sistema que salvaguarde la cohesión de nuestras sociedades y responda a las preocupaciones de nuestros ciudadanos. En pocas palabras, debe ser una decisión democrática quién puede entrar y quién puede quedarse en nuestras sociedades», afirmó Frederiksen.
Permanecer en Ruanda
Los cinco países quieren crear un centro de acogida con capacidad para registrar y tramitar 100 personas a la vez. A los solicitantes de asilo rechazados que decidan quedarse en Ruanda en lugar de regresar a su país de origen se les concedería un permiso de residencia y se les prestaría apoyo para encontrar trabajo y aprender el idioma.
El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, afirmó que esperaba que pocos optaran por quedarse, pero insistió en que aquellos que lo hicieran «no van a ser recluidos en un campamento… se integrarán en nuestra sociedad».
«Las personas trasladadas a Ruanda tendrán la oportunidad de establecerse, integrarse en la sociedad ruandesa y labrarse un nuevo futuro», declaró el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen.
A la hora de enviar migrantes a Ruanda, su protección seguirá siendo una «prioridad clave», afirmó. La colaboración también deberá respetar el principio de no devolución, que prohíbe a los países obligar a las personas a regresar a países donde puedan correr peligro, así como otros principios del Derecho internacional y europeo, añadió Berendsen.
Ruanda cuenta con «una experiencia considerable en la acogida de refugiados» y un «sólido historial de colaboración con organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)», señaló el ministro neerlandés, quien añadió que los cinco países desean seguir colaborando con estas organizaciones.
Aún no está claro si la OIM participará. En un comunicado emitido el lunes, la organización de la ONU confirmó que había recibido una solicitud de Ruanda para apoyar los acuerdos de los centros de retorno de la UE. «La OIM ha indicado que, en principio, puede prestar su apoyo, siempre que se respeten su mandato y las normas internacionales», señaló la organización.
Los grupos de la sociedad civil no están convencidos.
En una reacción conjunta, 47 organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil y sindicales advirtieron de que las autoridades europeas ya habían denunciado anteriormente «torturas durante la detención, detenciones arbitrarias e impunidad en los servicios de seguridad» en Ruanda, así como un «riesgo real» de devolución.
La colaboración de los países de la UE «indica que los Estados miembros aceptan el riesgo de graves violaciones de los derechos humanos contra uno de los grupos más marginados de la sociedad, a cambio de un objetivo disuasorio que, según sugieren claramente las pruebas, no alcanzarán», escribieron en un llamamiento a la UE para que proteja los derechos humanos.
«Creo que debemos ir más allá del tópico existente», afirmó Biruta el lunes. Ruanda acoge a más de 150 000 refugiados «procedentes de lugares tan lejanos como Afganistán, Sudán, el Congo y Burundi, y se han respetado sus derechos», y solicita un sistema de centros de retorno que cumpla con «el derecho internacional, el derecho europeo y nuestras leyes nacionales».
El país quiere contar con la participación de organizaciones internacionales y establecer un mecanismo de supervisión independiente, señaló: «Todo el mundo será bienvenido para presenciar y supervisar lo que está sucediendo».
Sin embargo, a las organizaciones de la sociedad civil les preocupa que los centros de retorno alejen a las personas vulnerables de una supervisión efectiva.
«A juzgar por lo que sabemos de acuerdos anteriores con terceros países, ha resultado muy difícil garantizar cualquier tipo de norma en materia de derechos humanos», afirmó Meron Ameha Knikman, asesor sénior de defensa de la UE en el Comité Internacional de Rescate, antes del anuncio. «No importa lo que se ponga por escrito: mientras no esté bajo tu jurisdicción, es extremadamente difícil, si no imposible, hacer cumplir… cualquier tipo de garantía».
Le seguirán más centros
Los ministros indicaron que un acuerdo con Ruanda podría ser el primero de una serie de colaboraciones en materia de centros de retorno. «Ya estamos explorando otros países socios, y creo que otros países europeos también participarán», afirmó Frederiksen.
Los centros de retorno no solo sirven para intensificar las deportaciones, sino también para enviar una señal, argumentó, y añadió que si las personas no dan por sentado que podrán quedarse tras entrar en la UE de forma irregular, muchas se lo pensarían dos veces antes de intentar hacerlo.
Frederiksen también rebatió las preocupaciones en materia de derechos humanos que plantea la colaboración con Ruanda.
«Hay que recordar que estamos hablando de personas que no tienen un motivo legal para estar en Europa. Se trata de personas que han entrado ilegalmente y que no tienen derecho a ser protegidas en Europa ni a quedarse», afirmó Frederiksen en respuesta a una pregunta de POLITICO.
«¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir con el sistema que tenemos hoy en día?», preguntó. «Porque si uno cree en los derechos humanos, no me gusta el sistema actual. No funciona. He estado en campos de refugiados fuera de Europa y he visto con mis propios ojos que algunas de las personas más vulnerables… nunca llegarán a Europa porque viajar exige mucho dinero y fuerzas».
«Si la perspectiva de morir en el desierto, ser violada y torturada en Libia, o ahogarse en el mar no disuade a la gente, cuesta ver cómo la posibilidad de ser enviada a Ruanda podría disuadirla», declaró a POLITICO Judith Sunderland, directora asociada sénior de la división de derechos de los refugiados y migrantes de Human Rights Watch.
Fuente: 5 countries announce plan to deport failed asylum-seekers to Rwanda – POLITICO

