El fondo de pensiones de las y los eurodiputados evidencia los riesgos de trasladar la jubilación a la capitalización

La Eurocámara asumirá desde 2027 el pago de un régimen complementario que acumula un déficit de 105 millones de euros, mientras en España se debate avanzar hacia modelos mixtos que incorporen la capitalización individual.

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El debate sobre el futuro de las pensiones vuelve a situar en el centro las propuestas que pretenden introducir mecanismos de capitalización individual como complemento o alternativa a los actuales sistemas públicos de reparto. En España, Vox ha planteado avanzar hacia un modelo mixto que combine ambos sistemas. Su programa económico y de vivienda de 2025 propone iniciar la capitalización de un fondo público de pensiones con criterios de rentabilidad privada y transformar progresivamente el sistema actual siguiendo una línea similar a la de Suecia.

Sin embargo, la experiencia del propio Parlamento Europeo permite examinar una cuestión fundamental de este debate: qué sucede cuando los fondos de pensiones no obtienen los rendimientos necesarios para hacer frente a las prestaciones comprometidas y quién termina asumiendo las consecuencias.

La Eurocámara tendrá que asumir directamente, con cargo a su presupuesto, el pago de las pensiones complementarias de antiguos eurodiputados acogidos a un régimen voluntario que se encuentra en una situación de grave desequilibrio financiero. La medida comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027, ante el agotamiento previsto de los activos del fondo que hasta ahora financiaba estas prestaciones.

Un déficit de 105 millones de euros

El régimen se creó en 1990 y permitía a los eurodiputados adherirse voluntariamente a un sistema complementario de pensiones. Su financiación dependía de las aportaciones de sus participantes y de las inversiones realizadas con esos recursos. El fondo dejó de admitir nuevos miembros en 2009 y sus inversiones se gestionaban a través de una entidad constituida en Luxemburgo, sobre cuyas decisiones de inversión el Parlamento Europeo reconoce que no tenía influencia directa.

La dimensión del problema queda reflejada en la documentación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Al cierre de 2024, el fondo acumulaba un déficit de 105 millones de euros, mientras que sus activos apenas alcanzaban los 23,17 millones. Sus obligaciones de pago afectan a más de 900 beneficiarios y se extienden, al menos, hasta 2074.

La institución ya había intentado corregir el desequilibrio mediante distintas medidas, entre ellas la reducción del 50 % de las prestaciones nominales, la congelación de su actualización anual y el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años para determinados beneficiarios. Estos ajustes, sin embargo, no consiguieron garantizar la solvencia del fondo.

Ante esta situación, la Mesa del Parlamento Europeo acordó el 15 de junio de 2026 que las prestaciones pasasen a abonarse directamente desde el presupuesto de la institución a partir de enero de 2027. La Comisión Europea ha solicitado para ello 10,028 millones de euros en el presupuesto del próximo ejercicio.

Cuando falla la rentabilidad, ¿quién asume el riesgo?

Este caso no significa que todos los sistemas de capitalización tengan el mismo funcionamiento ni que necesariamente terminen recurriendo a fondos públicos. El régimen de los eurodiputados tenía unas características específicas y, sobre todo, contaba con una garantía institucional previa que obligaba al Parlamento a mantener el pago de las prestaciones.

Precisamente ahí reside una de las cuestiones centrales del debate: la capitalización no elimina el riesgo financiero, sino que determina cómo se distribuye. Cuando las inversiones no generan los recursos previstos, las consecuencias pueden recaer sobre las personas beneficiarias, mediante prestaciones inferiores a las esperadas, o sobre la institución que haya asumido la garantía de los compromisos adquiridos. En este último supuesto, la responsabilidad económica puede acabar trasladándose a los presupuestos públicos.

Desde una perspectiva sindical, cualquier propuesta de reforma de las pensiones debe abordar no solo las expectativas de rentabilidad de los fondos, sino también las garantías de suficiencia, seguridad y protección de las personas trabajadoras. La jubilación no puede quedar condicionada exclusivamente a la evolución de los mercados financieros ni a la capacidad individual de ahorro.

La experiencia del Parlamento Europeo pone de manifiesto que las obligaciones con quienes se jubilan no desaparecen cuando un fondo pierde solvencia. La cuestión fundamental es quién responde cuando los recursos acumulados resultan insuficientes y qué mecanismos de solidaridad garantizan unas pensiones dignas.

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Información periodística: Pablo de la Serna, infoLibre, 26 de octubre de 2026: La UE rescata el fondo de pensiones privado de los eurodiputados que sumaba un déficit 105 millones.