El Parlamento se ha pronunciado: ahora la Comisión debe regular los riesgos psicosociales
Tras una votación de 413 a favor y 210 en contra a favor de normas vinculantes de la UE sobre riesgos psicosociales, estrés y salud mental en el trabajo, la Comisión dispone de tres meses para responder.
En una votación histórica, los diputados al Parlamento Europeo (MEP) han aprobado un informe de iniciativa legislativa en el que se insta a la Comisión Europea a proponer normas de la UE sobre los riesgos psicosociales, el estrés y la salud mental en el trabajo, incluyendo obligaciones más estrictas para los empresarios en materia de prevención y gestión de dichos riesgos, así como el reconocimiento de que estos pueden dar lugar a enfermedades profesionales. El informe se aprobó por 413 votos a favor, 210 en contra y 29 abstenciones. Sin embargo, el texto definitivo aprobado en el pleno resultó más moderado que la versión de la comisión, ya que exigía una evaluación de impacto previa a cualquier propuesta legislativa y ya no incluía una presunción legal de que los problemas de salud están relacionados con el trabajo, una disposición que había suscitado críticas particulares por parte de las organizaciones patronales.
El mensaje del Parlamento es claro: el actual marco de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), articulado en torno a la Directiva Marco de 1989, ya no ofrece la especificidad ni la coherencia necesarias para abordar los riesgos psicosociales actuales. Que ese reconocimiento se traduzca en nueva legislación depende ahora de la respuesta de la Comisión.
En un momento en el que el estrés, el agotamiento y la ansiedad figuran entre los problemas de salud relacionados con el trabajo más comunes en Europa, las implicaciones de la votación del Parlamento van mucho más allá de un debate técnico sobre la seguridad y la salud en el trabajo. La votación es la culminación de más de una década de acumulación de pruebas científicas y de un reconocimiento cada vez mayor de que el diseño y la organización del trabajo pueden ser, en sí mismos, un factor determinante de la mala salud, generando estrés, agotamiento, acoso, violencia, depresión, enfermedades cardiovasculares y trastornos musculoesqueléticos.
El momento también es importante. La Comisión se ha comprometido a proponer una Ley de Empleos de Calidad para finales de 2026, tras una segunda fase de consulta a los interlocutores sociales que se desarrolló entre julio y septiembre y que incluyó la seguridad y la salud en el trabajo entre sus temas. La petición del Parlamento, formulada mientras se está elaborando la Hoja de Ruta para Empleos de Calidad, llega, por tanto, en un momento en que la Comisión está redactando el instrumento mismo en el que podrían abordarse los riesgos psicosociales o, por el contrario, dejarse discretamente de lado.
Este debate no se produce en el vacío. Las recientes investigaciones y análisis de políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto Sindical Europeo (ETUI) han reforzado significativamente la base empírica para una iniciativa legislativa específica sobre los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo. Sus conclusiones apuntan a lagunas normativas persistentes, niveles desiguales de protección de los trabajadores y retos crecientes vinculados a la digitalización, la intensificación del trabajo y las formas cambiantes de trabajo, lo que refuerza la necesidad de un marco europeo más coherente y armonizado.
La base empírica seguirá creciendo. El 13 de octubre, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) puso en marcha su Campaña «Lugares de trabajo saludables 2026-2028», Juntos por la salud mental en el trabajo, de la que se espera que genere más conocimientos y buenas prácticas sobre intervenciones eficaces en todos los sectores y Estados miembros.
Las objeciones de los empresarios merecen una respuesta
La votación del Parlamento no pone fin al debate. Los empresarios europeos han cuestionado abiertamente la necesidad de una directiva específica. En una declaración conjunta emitida antes de la votación parlamentaria, las organizaciones patronales argumentaron que los riesgos psicosociales deberían seguir abordándose a través del marco de seguridad y salud en el trabajo ya existente, respaldado por la aplicación, el cumplimiento, las orientaciones prácticas y el diálogo social, en lugar de mediante un nuevo instrumento legislativo. Advierten de que unos requisitos muy prescriptivos, los planes de acción obligatorios, las nuevas obligaciones de información y las presunciones legales de causalidad podrían aumentar las cargas administrativas sin que haya pruebas suficientes de que mejoren la salud mental de los trabajadores.
Su postura y sus preocupaciones sobre la proporcionalidad, la aplicación y la eficacia normativa no son nuevas, pero merecen una respuesta seria. Los riesgos psicosociales son multifactoriales, a menudo determinados por factores tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, y la proporcionalidad y las realidades de las pequeñas empresas son importantes. Sin embargo, la afirmación de que las pruebas son insuficientes no se sostiene a la luz de lo que algunos Estados miembros y sindicatos han comunicado ellos mismos a la Comisión.
Dos evaluaciones por pares de la Comisión han examinado precisamente esta cuestión. La evaluación por pares de 2019 sobre la legislación y la gestión práctica de los riesgos psicosociales en el trabajo concluyó que los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo se habían convertido en uno de los retos más acuciantes en materia de seguridad y salud en el trabajo en Europa, y destacó la necesidad de reforzar la prevención, la aplicación de la normativa y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
En la revisión por pares de 2024 sobre los enfoques legislativos y de aplicación de la ley para abordar los riesgos psicosociales en el trabajo, que sirvió de seguimiento, los países participantes reconocieron de manera generalizada que las obligaciones generales en materia de seguridad y salud en el trabajo por sí solas pueden no ser suficientes para abordar la complejidad de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, y señalaron la necesidad de disposiciones normativas más claras, mecanismos de aplicación más sólidos y una prevención más sistemática. La revisión subrayó que la legislación por sí sola no es suficiente sin la aplicación de la ley, inspectores cualificados, orientación, apoyo y sensibilización.
Países como Bélgica, Suecia y Finlandia han creado marcos jurídicos específicos para los riesgos psicosociales, mientras que otros Estados miembros han reforzado la legislación, las orientaciones, los mecanismos de aplicación y las disposiciones en materia de negociación colectiva para hacer frente al estrés, el acoso y el acoso laboral relacionados con el trabajo.
Lo que debería proponer la Comisión
Sin reducir el debate a una elección binaria a favor o en contra de una directiva específica de la UE sobre riesgos psicosociales, los responsables políticos deberían considerar seriamente un paquete más amplio de medidas.
Mirando hacia el futuro. El Marco Estratégico de la UE sobre seguridad y salud en el trabajo para después de 2027 debería hacer mucho más hincapié en la prevención y la gestión de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, reconociendo la salud mental, el estrés laboral, el agotamiento y el acoso en el lugar de trabajo como retos centrales en materia de seguridad y salud en el trabajo para el futuro del empleo.
Modificar la legislación vigente cuando sea necesario. Como mínimo, la Comisión debería aprovechar la revisión en curso de la legislación de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluida la Directiva Marco 89/391/CEE, como una oportunidad para reconocer y definir explícitamente los riesgos psicosociales, en consonancia con la descripción de la OIT y el Convenio n.º 190 de la OIT. Esto dotaría a su prevención y gestión de mayor claridad jurídica, coherencia y visibilidad en toda la Unión Europea.
Proponer una evaluación obligatoria y explícita de los riesgos psicosociales. Esto es lo más importante. Sí, la Directiva Marco ya exige a los empresarios que evalúen y prevengan todos los riesgos laborales, y se entiende generalmente que los riesgos psicosociales entran dentro de esa obligación. Pero es necesario exigir a los empresarios que evalúen seriamente la carga de trabajo, el tiempo de trabajo, la autonomía, la claridad de las funciones y factores similares, con la participación de los representantes de los trabajadores.
Planes de acción vinculados a la evaluación. Una evaluación sin seguimiento no es más que papeleo. Los empleadores deberían establecer medidas, responsabilidades y fechas de revisión, dando prioridad a los cambios colectivos en la organización del trabajo frente a la formación individual en resiliencia.
Reconocimiento como enfermedad profesional. El reconocimiento es importante por razones de equidad y para la recopilación de datos, pero recae en gran medida en los sistemas nacionales de seguridad social. A medida que se sigan acumulando pruebas científicas, podría considerarse el reconocimiento de los trastornos psicosociales y los problemas de salud mental derivados de riesgos psicosociales relacionados con el trabajo en la Recomendación (UE) 2022/2337 de la Comisión relativa a la lista europea de enfermedades profesionales.
Proporcionalidad para las pymes, no exención. Los riesgos psicosociales no disminuyen con el tamaño de la empresa, y los trabajadores de las pequeñas empresas suelen ser los menos protegidos. Cualquier nueva normativa debería aplicarse a todos los empresarios, pero permitir herramientas de evaluación simplificadas y validadas a nivel nacional para las microempresas y las pequeñas empresas. El método desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de España para empresas de hasta 25 trabajadores y la herramienta OiRA de la EU-OSHA son modelos útiles. También deberían permitir una documentación más sencilla de los planes de acción, no imponer nuevas obligaciones de información a las microempresas, proporcionar apoyo gratuito de expertos a través de los servicios de salud laboral, las aseguradoras y las organizaciones patronales, y establecer un calendario por fases en el que los organismos de inspección asesoren antes de sancionar.
En el marco del procedimiento de iniciativa legislativa, la Comisión dispone de tres meses para responder, ya sea exponiendo las medidas que pretende adoptar o explicando por qué no va a actuar. Con la Ley de Empleos de Calidad ya en preparación, cuenta tanto con el instrumento como con las pruebas. Lo que queda es una decisión política.
Fuente: Parliament Has Spoken: The Commission Must Now Regulate Psychosocial Risks – Social Europe
