Protección de los consumidores: la Comisión revisa las normas de la UE sobre seguridad de los productos y crédito al consumo

El Consejo Europeo ha acordado hoy su posición («orientación general») sobre la revisión de la Directiva sobre créditos al consumo. La Directiva revisada deroga y sustituye a la actual Directiva de 2008 sobre contratos de crédito.

Desde 2008, la creciente digitalización de la economía europea ha dado lugar a cambios significativos en el mercado del crédito al consumo. Esto ha llevado a la aparición de nuevos productos y nuevos actores que ofrecen crédito a través de procedimientos más rápidos y simplificados, así como a cambios en las preferencias de los consumidores al comprar en línea, en particular después de la reciente crisis de COVID-19.

Como resultado, la revisión de la Directiva sobre crédito al consumo moderniza y refuerza la protección de los consumidores a escala europea a la hora de suscribir dicho crédito. En particular, la Directiva tiene por objeto promover prácticas responsables y transparentes de todos los agentes implicados en el crédito al consumo, por ejemplo, garantizando que la información sobre los créditos se presente de forma clara y comprensible y se adapte a los dispositivos digitales.

Además, para proteger a los consumidores de las prácticas crediticias irresponsables que podrían conducir al sobreendeudamiento, la Directiva promueve la educación financiera y el asesoramiento sobre la deuda, y regula la evaluación de si un consumidor podrá o no pagar su crédito.

La propuesta de la Comisión amplía significativamente el alcance de los productos que deberán cumplir normas de crédito más estrictas, incluidos los pequeños préstamos por debajo de 200 euros, los préstamos ofrecidos a través de plataformas de financiación participativa y los productos de «comprar ahora-pagar después».

Sin embargo, el mandato del Consejo propone excluir determinados productos del ámbito de aplicación, teniendo en cuenta que el marco de la Directiva no está adaptado a ellos. Excluye la financiación participativa directa, dado que las disposiciones no cubren todos los aspectos de este tipo de financiación, en particular la protección de los consumidores prestamistas. Bajo ciertas condiciones, también excluye el pago diferido, así como las tarjetas de débito diferido, que están más en línea con los hábitos de pago. Los contratos de alquiler o arrendamiento sin obligación u opción de compra de la propiedad también están excluidos en el texto del Consejo.

Para algunos de los productos de crédito menos riesgosos que ahora también entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, el mandato del Consejo sugiere una excepción parcial opcional a determinadas disposiciones. Estas normas proporcionadas adaptan la información precontractual, los requisitos de publicidad y las disposiciones de reembolso anticipado para los siguientes productos:

• préstamos de crédito inferiores a 200 €
• crédito en forma de una facilidad de sobregiro (es decir, prestar más de lo que usted posee) que debe pagarse en un plazo de tres meses
• contratos de crédito libres de intereses y cualquier otro cargo
• contratos con un plazo máximo de tres meses y costes insignificantes

Para permitir a los consumidores comparar rápidamente las ofertas de crédito, el mandato del Consejo propone fusionar los formularios de información precontractual que se presentan a los consumidores. Además, para aumentar la legibilidad, el texto requiere que la información esencial se presente en la primera página de dichos formularios.

Otros cambios introducidos por el Consejo tienen por objeto proporcionar una mayor seguridad jurídica e incluyen aclaraciones sobre la evaluación de la solvencia, la definición de un plazo máximo del derecho de desistimiento, la obligación de proteger a los consumidores de tipos excesivos, aclaraciones del procedimiento de admisión y sanciones.

Desde UGT, consideramos que la nueva normativa supone un avance necesario, con respecto a la directiva de 2008, que moderniza y refuerza la protección de los consumidores, en particular, asegurando la recepción de información clara y comprensible y garantizando una correcta evaluación de solvencia. Sin embargo, censuramos la exclusión en esta normativa de productos como los pagos y tarjetas de débito a plazos que abren la puerta a que se puedan eludir las normas de protección del consumidor.