Conclusiones de la Audiencia Pública en el CESE » El trabajo decente en todo el mundo»

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebró el pasado día 4 de mayo de 2022 una audiencia pública online sobre el “trabajo decente en todo el mundo”, que versó sobre la promoción del trabajo digno, el papel de los interlocutores sociales y la debida diligencia obligatoria para la sostenibilidad empresarial, y que representó una contribución clave al actual dictamen del CESE al respecto.

Entre las personas ponentes que asistieron a esta audiencia figuraron Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Europeas de UGT, como organizadora del evento y ponente de opinión del dictamen, además de representantes de las instituciones europeas, la Organización Internacional del Trabajo, académicos y expertos en la materia y otras organizaciones de la sociedad civil.

En el contexto actual, millones de trabajadores en todo el mundo sufren violaciones de sus derechos laborales y malas condiciones de trabajo. Todavía hoy, 160 millones de niños se encuentran en una situación de trabajo infantil y 25 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso. Asimismo, la crisis del COVID-19 ha agravado esta situación y ha intensificado las condiciones precarias y de abuso en todo el mundo, deteriorando, especialmente, la situación laboral de los más vulnerables.

La Comunicación de la Comisión Europea sobre el trabajo decente en todo el mundo, adoptada en febrero de 2022, establece las políticas internas y externas que la Unión Europea utiliza para luchar eficazmente contra el trabajo forzoso e infantil que exige la adopción de medidas adicionales que sitúen el objetivo del establecimiento de un trabajo decente en todo el mundo en el centro de una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente de la pandemia.

Desde UGT, entendemos que el trabajo decente es verde y sostenible contribuyendo a disfrutar del derecho humano a un medioambiente saludable, aunque debido al riesgo que la transición verde plantea respecto a la posible expulsión de personas del mercado laboral durante el periodo capacitador, es necesario la acción de los legisladores para lograr que existan normas que se cumplan y la garantía de su seguimiento.

Igualmente, el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo es un factor que contribuye y optimiza el trabajo decente. El sistema de la seguridad y salud en el trabajo debe integrarse a nivel global en la lucha para la consecución del trabajo decente con el objetivo de conseguir acercar la salud de los trabajadores y la productividad, teniendo en cuenta la salud a lo largo de la vida, dentro de un entorno justo y sostenible.

Además, hay que promover de forma decidida la igualdad salarial entre hombres y mujeres y entre trabajadores nacionales y trabajadores migrantes. La nueva directiva no recoge esta óptica, por ello exigimos que la misma debe incidir en que la manera de conseguir el trabajo decente es promoviendo esta igualdad fuera de las fronteras de Europa, en todos los eslabones de la cadena de valor.

En cuanto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, se necesitan enfoques que tengan en cuenta tanto el nivel europeo y global como los enfoques nacionales, en aras a cerciorarnos de que los impactos de la transición hacia una economía descarbonizada no tenga un impacto negativo sobre los más desfavorecidos. La participación de los agentes sociales de la sociedad civil es esencial en esto y los fondos comunitarios deben tener en cuenta estos enfoques.

Por otro lado, existen diferencias que pueden ocasionar una serie de riesgos durante el proceso que dificulten la consecución del objetivo del trabajo decente, puesto que la comunicación de la Comisión restringe la participación de los interlocutores sociales en el proceso de diligencia debida, concediéndoles un papel muy reducido que se circunscribe únicamente a las quejas que se planteen, mientras el Parlamento les concede un status especial, estableciendo su consulta obligatoria y también implicándolos en el diseño y desarrollo del proceso de la diligencia debida en la que es necesaria la participación de los sindicatos. Exigimos que se recupere el texto del Parlamento pues el recorte injustificado del papel de los sindicatos puede ocasionar graves problemas en todo el proceso de diligencia debida.

Creemos necesaria la promoción de los derechos sindicales fuera de las fronteras de Europa para que el trabajo decente pueda ser una realidad y esto debe hacerse con la nueva directiva. Hay que cambiar el paradigma y renovar el marco jurídico, para conseguir el trabajo decente en el mundo, con un enfoque global.

A su vez, entendemos que las empresas pueden contribuir a lograr el trabajo decente mediante el importante rol del dialogo social y es necesario, a su vez, que haya coherencia entre las políticas e instituciones para conseguir el trabajo decente.

La Comisión parece que está pretendiendo cambiar el paradigma para que se priorice lo social sobre lo económico y si algo no es sostenible o social no se plantea como viable económicamente. Buen ejemplo de ello es el índice Euro Stoxx, que ya incorpora esta línea y es seguido por 11 países y, sobre todo ahora, los fondos Next Generation EU.

Por otra parte, la responsabilidad social corporativa es una condición necesaria a las empresas para avanzar en trabajo decente y en sostenibilidad integral. La herramienta de la directiva sobre Diligencia Debida es también muy importante, pero tiene una serie de debilidades: las garantías jurídicas no son suficientes, faltan los indicadores de cumplimiento del avance del trabajo decente, el ámbito de aplicación es muy reducido y está delimitada la responsabilidad de las empresas y falta dar más peso a la gobernanza e incorporar a los interlocutores sociales.

Además de esto, se deduce de la sentencia del TJUE, y del art. 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que el trabajo en condiciones dignas (equitativas y saludables), redunda en interés de las personas, pero también de las empresas y de los consumidores de todo el planeta. Por tanto, en un espacio cada vez más global no solo deben desaparecer la rebaja de las normas laborales básicas como medio para obtener una ventaja competitiva, sino que su mejora facilita un crecimiento más productivo y sostenible y las normas internacionales de los Estados y las de las partes sociales deben reconocerlo, garantizarlo y promoverlo.

Por último, el importante tema de la posición de los consumidores ante las cuestiones de las condiciones sociales y ambientales de producción y distribución de bienes y servicios ha sido tenido muy en cuenta en el primer borrador del Dictamen, constatándose mediante encuesta que 8 de cada 10 europeos tenían en cuenta estas cuestiones a la hora de realizar su compra y que estaban dispuestas a intensificar esos nuevos modos de consumo a fin de garantizar y promover que las empresas atendiesen el reto de la sostenibilidad ambiental y social en sus procesos productivos.

Asimismo, las igualmente relevantes cuestiones de las políticas comerciales de la UE con terceros países, así como la protección de la competencia leal entre empresas, son tenidas en cuenta en la propuesta de Dictamen destacándose la interesante propuesta de reforma del Reglamento sobre las Preferencias Comerciales de la UE, facilitando las importaciones de países cuyas empresas respeten las exigencias ambientales, sociales y laborales, y recogiendo el valor de la normatividad para garantizar la previsibilidad de las obligaciones empresariales y la igualdad de todas en las condiciones de competencia, el cual es el modelo que consagra el TJUE y que nos parece importante extender y consolidar más allá de las fronteras de la UE.

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