Acuerdos del Pleno del Parlamento Europeo

Afectados por el cierre de Nissan

El Parlamento Europeo confirma la ayuda de 2,8 millones para 450 afectados por el cierre de Nissan en Barcelona. Con 665 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, la Cámara aprobó la dotación del Fondo de adaptación a la globalización para trabajadores despedidos. El informe subraya las repercusiones sociales de los despidos para Cataluña, donde la industria automovilística es el tercer sector más importante (después del químico y el de alimentación) tanto en términos de volumen de negocio como de empleo. El coste total de las ayudas previstas por las autoridades españolas es de 3,3 millones de euros, de los que el Fondo europeo cubrirá el 85% (2,8 millones). El dinero financiará asistencia personalizada en la búsqueda de empleo, formación y apoyo en iniciativas de autoempleo. En virtud del nuevo reglamento 2021-2027 del Fondo de Adaptación a la Globalización, este continuará apoyando a los trabajadores y autónomos cuya actividad se vea interrumpida, pero ahora podrá extender la ayuda a aquellos afectados por reestructuraciones de todo tipo, incluidas las consecuencias adversas de la crisis del COVID-19, así como tendencias imperantes como la decarbonización y la automatización. Los Estados miembros pueden pedir ayudas a partir de doscientos empleos perdidos en un periodo de tiempo específico.

Lucha contra el racismo

El Parlamento pide utilizar la política cultural, de medios, educativa y deportiva para combatir el racismo estructural e impulsar los valores europeos de tolerancia e inclusión. En una resolución aprobada el martes con 495 votos a favor, 109 en contra y 92 abstenciones, los eurodiputados denuncian la retórica racista de algunos medios de comunicación que estigmatizan a las comunidades racializadas y las deshumanizan, por ejemplo, culpando a los migrantes de diversos problemas económicos y sociales y ofreciendo una cobertura desproporcionada a los delitos cometidos por los migrantes. Piden a los Estados miembros medidas efectivas para prevenir la difusión de estas retóricas estigmatizantes, discursos de odio, relatos falsos y representaciones negativas de grupos étnicos o raciales e instan a la Comisión y a los países a suspender la financiación pública para aquellos medios de comunicación que, según los reguladores competentes, incurran en incitación al odio y xenofobia. Según la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales, el 45% de las personas con ascendencia norteafricana, el 41% de los romaníes y el 39% de las personas con ascendencia afro-subsahariana en Europa afrontan discriminación debido a su extracción étnica o migratoria. Asimismo, según un Eurobarómetro de 2019, más de la mitad de los europeos creen que la discriminación racial está extendida en su país, con ser gitano (61% de los encuestados), origen étnico (59%) y color de piel (59%) como motivos principales para esa discriminación.

UE contra injerencias y desinformación extranjeras

La ausencia de unas medidas europeas y de concienciación ante el peligro de la injerencia facilita las cosas a los agentes extranjeros malintencionados y pone en jaque a la democracia. La investigación que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo para determinar cómo manipulan algunas potencias extranjeras la información con oscuras intenciones e interfieren para debilitar los procesos democráticos de la Unión ha concluido que estos agentes malintencionados pueden influir en las elecciones, ejecutar ciberataques, captar a políticos de alto nivel una vez han dejado el cargo y polarizar el debate público. El desconocimiento generalizado de la gravedad de la injerencia y la manipulación de la información principalmente por parte de Rusia y China se ve agravado por las lagunas que presenta la legislación y la insuficiente coordinación entre los países de la Unión. Estas son las conclusiones del informe de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación (INGE) y desde el Parlamento insta a la Unión a elaborar una estrategia común de defensa, por ejemplo, un régimen de sanciones específicas contra la injerencia extranjera y las campañas de desinformación. La Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación (INGE) se creó en junio de 2020. Su mandato expira el 23 de marzo, tras un año y medio y cerca de 50 audiencias con alrededor de 130 expertos. El informe afirma que es crucial diseñar, desarrollar y desplegar la energía renovable en alta mar de forma circular y renovable, ya que se necesitan cantidades importantes de metales y minerales. Pide también que se prohíba en toda la UE el vertido de palas de aerogeneradores fuera de servicio para 2025.

Objetivos medioambientales de la UE

Los eurodiputados aprobaron el jueves el programa medioambiental de la UE hasta 2030, que tiene como objetivo acelerar la transición de la UE hacia una economía limpia, circular y de bienestar. Con 553 votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones, el Parlamento confirmó el acuerdo alcanzado con el Consejo en diciembre de 2021 sobre el octavo Programa de Acción General de la Unión para el Medio Ambiente (PMA) para orientar la política medioambiental de la UE hasta 2030 y alinearla con el Pacto Verde Europeo. Los seis objetivos temáticos prioritarios que deben alcanzarse para 2030 son los siguientes:

  • la mitigación del cambio climático para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030;
  • adaptación al cambio climático;
  • avanzar hacia una economía de bienestar que devuelva al planeta más de lo que necesita;
  • perseguir la cero contaminación, también en relación con los productos químicos nocivos;
  • proteger, preservar y restaurar la biodiversidad, y
  • reducir significativamente las presiones medioambientales clave relacionadas con la huella material y de consumo de la UE, incluidos los objetivos de reducción de la UE para 2030.

Los AAE de la UE son marcos jurídicamente vinculantes que han guiado el desarrollo de la política medioambiental de la UE desde principios de los años setenta. Tras la expiración del séptimo PMA a finales de 2020, el nuevo PMA estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030.

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